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2 de Junio,  Salta, Centro, Argentina
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Siguen sumando denuncias para destituir al juez Oyarzú por mal desempeño

El procurador Pedro Oscar García Castiella presentó una ampliación de la denuncia efectuada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta, informando sobre otros hechos que constituirían mal desempeño en el ejercicio de sus funciones por parte del Juez de Garantías Nº 1 de Orán.
Viernes, 22 de noviembre de 2024 19:36
Siguen sumando denuncias para destituir al juez Oyarzú por mal desempeño Siguen sumando denuncias para destituir al juez Oyarzú por mal desempeño

Este viernes, el procurador Pedro Oscar García Castiella presentó una ampliación de la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta, en la que se informan nuevos hechos que evidenciarían el mal desempeño del Juez de Garantías Nº 1 de Orán, Francisco Oyarzú. La acusación señala que Oyarzú ha actuado de manera reiterada otorgando libertades anticipadas a imputados, basándose en una interpretación "irrazonable" de las normas procesales. Esta conducta habría llevado al rechazo sistemático de los pedidos de prisión preventiva solicitados por las Fiscalías Penales.

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Este viernes, el procurador Pedro Oscar García Castiella presentó una ampliación de la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta, en la que se informan nuevos hechos que evidenciarían el mal desempeño del Juez de Garantías Nº 1 de Orán, Francisco Oyarzú. La acusación señala que Oyarzú ha actuado de manera reiterada otorgando libertades anticipadas a imputados, basándose en una interpretación "irrazonable" de las normas procesales. Esta conducta habría llevado al rechazo sistemático de los pedidos de prisión preventiva solicitados por las Fiscalías Penales.

Según la denuncia, el Juez Oyarzú realiza una interpretación particular de los plazos procesales, en especial sobre los escritos de la Fiscalía. Según su criterio, estos solo pueden ser presentados hasta las 13 del día en que vence el plazo para solicitar la prisión preventiva, ignorando la prórroga especial de dos horas que establece el artículo 217 del Código Procesal Penal para el día siguiente hábil. Esta postura ha generado preocupación, ya que afecta el cumplimiento de las normativas vigentes y las decisiones de los fiscales en casos de prisión preventiva.

El Procurador General ha identificado al menos once casos en los que Oyarzú actuó de esa manera. En cada uno de ellos, el Tribunal de Impugnación revisó sus resoluciones y le reprochó al magistrado su interpretación, explicándole en todos los supuestos cómo debía computar los plazos. Según se pudo tomar conocimiento, esa inconducta la viene teniendo el juez en cuestión desde el año 2017 y, a pesar de que el Tribunal de Impugnación le reiteró en varias oportunidades que modifique su criterio porque resultaba arbitrario y contrario a la ley, Oyarzú continuó insistiendo en liberar detenidos sin prestar atención a los mandatos del tribunal superior ni explicar porqué razones no acataba esa jurisprudencia.

Se pudo constatar que dichas liberaciones anticipadas se efectuaron en causas por homicidios agravados, abusos sexuales, robos calificados, tráfico de estupefacientes, delitos en contexto de violencia de género, entre otros. En fecha reciente, la Sala III del Tribunal de Impugnación, al resolver uno de tantos casos que llegaron a esa instancia, no sólo anuló la resolución de Oyarzú (como se hizo en varias oportunidades anteriores), sino que también ordenó su apartamiento del caso por la “manifiesta desatención” de las decisiones de ese Tribunal y por los perjuicios que su postura irroga en términos de seguridad jurídica y economía procesal, también mandó copias de las actuaciones a Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta para que se le inicie un proceso disciplinario.

García Castiella resaltó en su denuncia, que lo más grave de la situación es el reiterado entorpecimiento del correcto devenir procesal por parte de este Juez, aferrándose a una interpretación jurídica que le fue tantas veces criticada y que su insistencia sólo generó retrasos e incalculables perjuicios en el éxito de las investigaciones, además de el riesgo que en cada caso implicó liberar anticipadamente a un acusado de cometer un delito, cuando su privación de libertad se justificaba por el peligro de que pueda atentar contra la víctima o testigos del hecho, o que pueda fugarse y evadir el accionar de la justicia.

Resaltó el Procurador la lesión que produjo el juez Oyarzú al sistema de justicia pues, con su obstinada posición, no hizo más que demorar y entorpecer el curso del proceso, poner en riesgo sus fines y generar un excesivo e innecesario aumento de la carga de trabajo, no sólo del Ministerio Público Fiscal que en cada caso se vio obligado a recurrir sus arbitrariedades o a tener que plantear nuevas medidas cautelares, sino también del Tribunal de Impugnación que tuvo que resolver las mismas controversias en reiteradas oportunidades.

 

 

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