El financiamiento de los partidos: más transparencia en los gastos de la política

La disputa por la presidencia del Partido Justicialista puso sobre la mesa un debate necesario, el de los recursos estatales hacia los partidos políticos. La primera pregunta debería ser: ¿por qué los contribuyentes deben financiar la operatividad y las campañas de partidos con ideales contrarios? ¿No sería lógico que cada simpatizante sea el financista voluntario de su propia afiliación?

En política no hay modelos perfectos, pero cuanto menos se vea involucrado el dinero de los impuestos en los asuntos partidarios, mejor. En la Argentina, la Ley 26.215 establece un sistema mixto para los partidos con aportes públicos y privados. El tope privado es de 40 millones de pesos, alrededor de 42 mil dólares anuales. Además, empresas concesionarias o contratistas de servicios o proveedores de Nación, provincias o municipios tienen prohibido hacer contribuciones.

El punto central está en la otra pata de la ley, la del financiamiento público, que ya obligó al gobierno a girar más de 400 millones de pesos a los partidos nacionales para sus actividades de 2024. Los criterios del reparto son dos: 20% en forma igualitaria entre todos los partidos y 80% proporcional a los votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales. En ese sentido, el PJ ya recibió su cuota correspondiente, casi 35 millones de pesos.

Los números se agigantan en tiempos electorales. En 2023, el gasto de la política alcanzó los 48.500 millones de pesos, casi 164 millones de dólares. Dicho derroche de recursos se debe a que el Estado está obligado a distribuir el dinero de los contribuyentes de forma equitativa entre todas las alianzas para la impresión de boletas, lo que en cada sufragio abre un inauditable espacio para que candidatos menores se lleven una considerable tajada del erario público.

¿Cuál es la solución para estos agujeros de gastos de dinero ajeno? En cuanto a la cuestión de las boletas, un primer paso fue la aprobación en el Congreso de la Boleta Única de Papel, que será impresa en una cantidad igual al número de electores correspondientes al padrón electoral, más un 5 % adicional para reposición en caso de contingencias.

Fue un notable avance en la eficiencia de los gastos electorales, a pesar de que la provincia de Buenos Aires, el distrito donde vota casi el 40% del país, parece querer poner palos en la rueda. Pero el caso de los comicios es sólo una de las tantas modificaciones que aún restan. Y es que para desprender a los tributantes impositivos de los tejes y manejes partidarios, lo ideal sería sacar al Estado del medio. No en el caso del control y la auditoría, pero sí en materia de recursos.

En la región, los ejemplos de sistemas de financiamiento de partidos son muy similares al de la Argentina. Tal es el caso de Uruguay, donde la única diferencia es el tope de aportes privados, que alcanza los 54 mil dólares en comparación con los 42 mil dólares en la Argentina.

Algunos casos son aún más estatistas, como Perú y Brasil, donde las agrupaciones políticas tienen prohibido que las empresas les donen dinero y todo deriva del dinero público. El mejor ejemplo para transparentar los gastos de la política sigue siendo Estados Unidos, que no por nada es la democracia más vieja del mundo.

El modelo norteamericano no es perfecto, porque no hay un sistema democrático ideal, pero sí es un ejemplo de cómo no involucrar a terceros que no quieren poner el fruto de su trabajo en asuntos de partidos políticos de los cuales ni siquiera adhieren a sus ideales. Sin dinero público, sin topes y sin contribuciones forzosas, que cada ciudadano financie con sus propios recursos las estructuras de sus partidos. No sólo es más transparencia, también es más libertad.

Project Manager de la Fundación Internacional Bases

Conforme a los criterios de

Conocé más