El Gobierno ya tiene lista la defensa jurídica para afrontar la contraofensiva de Cristina Kirchner, tras la decisión de quitarle su jubilación de privilegio junto a la pensión de Néstor Kirchner. La estrategia se basa en argumentar que la confirmación de la condena a la expresidenta por la Causa Vialidad es una causal de “mal desempeño” y de “vulneración del honor de la magistratura”, según el artículo 36 de la Constitución Nacional.
Además, hay dos artículos de la Ley 24.018 que están siendo analizados por el Ejecutivo para su defensa. Uno es el artículo 29, que establece que las asignaciones vitalicias “no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político o sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”.
El artículo 5, por otro lado, indica que las jubilaciones de privilegio son “incompatibles con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal”. Es decir, que el Ejecutivo también podría sostener, según abogados constitucionalistas, que CFK violó la “prohibición de acumular” su asignación presidencial con la pensión de Néstor Kirchner, que también percibe.
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En la ANSES sostienen que el pago de las asignaciones de privilegio son “jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.
El organismo también sostiene que Cristina es “indigna” y atenta contra el sistema democrático por ir contra el Estado para su propio enriquecimiento. En Casa Rosada ponen como ejemplo la derogación de los beneficios otorgados a expresidentes de facto entre 1976 y 1983.
La defensa del Ejecutivo será dirigida por el secretario de Legales de ANSES, Andrés Mariano Bousquet, si la situación llega a la Justicia. El organismo notificará en los próximos días a la exmandataria en su domicilio de Río Gallegos.
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Cristina Kirchner cobra todos los meses una asignación de $21.000.000. Este monto -que el Gobierno decidió quitarle- está integrado por su jubilación de privilegio, tras haber sido jefa de Estado dos veces, y por la pensión de su marido. Según abogados constitucionalistas, la gestión libertaria puede realizar esta acción basándose en el principio de legalidad. Este concepto es fundamental del derecho público y establece que las autoridades y los ciudadanos deben someterse a la ley. Caso contrario, se puede solicitar la nulidad de sus beneficios.
