La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate que se lleva a cabo desde el viernes pasado en la Sala 7 del Tribunal de Juicio. Allí cuatro personas –tres de ellos empleados de la Farmacia de Guardia del Hospital San Bernardo, y una enfermera de la Guardia del nosocomio- son juzgados como coautores del delito de peculado por el juez Francisco Mascarello.
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La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate que se lleva a cabo desde el viernes pasado en la Sala 7 del Tribunal de Juicio. Allí cuatro personas –tres de ellos empleados de la Farmacia de Guardia del Hospital San Bernardo, y una enfermera de la Guardia del nosocomio- son juzgados como coautores del delito de peculado por el juez Francisco Mascarello.
En la apertura de la audiencia debate, la fiscal Salinas Odorisio señaló que los acusados, aprovechando sus roles dentro del hospital, se habrían apoderado de bienes del Estado y burlado los protocolos administrativos establecidos para la dispensación de medicamentos. Asimismo, afirmó que la Fiscalía presentará todas las pruebas reunidas, que implican en el ilícito, a Víctor Hugo García (auxiliar administrativo), María Alicia Delia (empleada administrativa en la Farmacia de Guardia), Miriam Rosana Renfijes (técnica superior en farmacia) y Sutara Elva Rosa (enfermera).
La investigación de la UDEC inició a raíz de la denuncia radicada por el apoderado del Hospital San Bernardo al notar la falta de medicamentos. Según los protocolos, el hospital provee medicación a pacientes internados y ambulatorios a través de la Farmacia Central y la Farmacia de Guardia.
En los allanamientos realizados en las viviendas de los cuatro acusados se secuestraron numerosos elementos médicos, entre ellos insumos y medicamentos. El entrecruzamiento de datos entre los informes de Stock y Logística del Hospital San Bernardo y los objetos secuestrados, permitió confirmar mediante el número de lote, presentación y fecha de vencimiento, que los materiales correspondían a adquisiciones realizadas previamente por el propio hospital.
