El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Córdoba rechazó por unanimidad la propuesta de “reparación integral del daño” de directivos del gremio de recolectores de residuos, Surrbac, encabezados por Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, a cambio del perdón judicial.
Saillén y Catrambone habían propuesto entregar US$ 750 mil (US$ 70 mil al gremio, US$ 30 mil al querellante particular y US$ 650 mil a una institución pública) y los cinco acusados restantes US$ 64.000. En total la suma ascendía a US$ 814 mil.
El fiscal general, Maximiliano Hairabedián, se opuso al arreglo. En particular consideró que el monto ofrecido por los principales acusados debía ser trazable; es decir evidenciar con certeza que no sea malhabido, ya que continúa investigándose a las mismas personas por lavado.
Descartado el arreglo, los siete acusados deberán afrontar un juicio abierto. Sobre este particular hubo disidencia entre los jueces. El presidente, Jaime Díaz Gavier y el vocal Julián Falcucci resolvieron que el debate oral y público se realizará cuando se incorpore la parte desglosada del expediente donde los 10 gremialistas están procesados por lavado de activos.
El tercer juez, José Fabián Asís, disintió señalando que el juicio debía comenzar de inmediato.
Los argumentos de los jueces Gavier y Falcucci
Encontrándose en juego la trazabilidad de los bienes —sobre la base de un expediente que está en sumario— nos encontramos imposibilitados de aceptar el pedido de reparación integral del daño ofrecido por las defensas.
Pero al mismo tiempo en salvaguarda de los principios del debido proceso y de la defensa en juicio nos impone la necesidad de suspender el trámite del proceso, hasta tanto culmine la investigación por supuestos hechos de lavados de activos y sean - eventualmente- elevadas a juicio para su juzgamiento integral.
Por todo lo expuesto, entendemos que corresponde rechazar el pedido de reparación integral formulado en favor de los acusados Julio Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catambrone, Juan Manuel Kraindbuhl, Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba, Juan Carlos Delgado y Daniel René Ayerbe.
La posición disidente del juez Asís
No comparto la solución propiciada por los colegas preopinantes en cuanto a la decisión de suspender el proceso, entiendo que corresponde rechazar la solicitud de reparación integral formulada por las defensas y fijar de inmediato fecha para el inicio de la audiencia de juicio oral y público.
El tipo penal asociación ilícita, tutela el bien jurídico orden público, que excede, el neto contenido patrimonial que caracteriza al instituto de la reparación integral.
Dicho en términos coloquiales, hay acusaciones que no se pueden cuantificar, delitos que no tiene precio, por lo que la celebración de la audiencia oral, resulta la única vía en donde se discutan los hechos, las calificaciones legales y la responsabilidad de los imputados, en su caso las penas correspondientes.
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Dónde está el expediente por lavado de activos
La causa desglosada, donde hay 10 procesados por lavado de activos, se encuentra desde mayo pasado en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Tras un prolijo y detallado fallo -de más de 100 páginas- el juez federal, Alejandro Sánchez Freytes, ordenó procesar a Saillén, Catrambone, sus hijos y directivos de gremio, la mutual y la obra social. Las defensas apelaron y el expediente está en análisis en la Cámara Federal. En total son 10 acusados.
Una vez que el tribunal de alzada resuelva, el expediente regresará al Juzgado y recién ahí podrán continuar las diligencias hasta que sea elevado a juicio, requerimiento fiscal mediante.
De confirmarse la existencia del delito, falta tiempo para que esa parte suba al tribunal oral. Según lo dispuesto hoy, recién cuando vuelvan a acumularse ambas causas Saillén, Catrambone y el resto de imputados podrán ser juzgados.
