A través de una nota dirigida a autoridades del Ejecutivo nacional y el Congreso, 25 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se cuentan la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), Banco de Bosques, Natura Argentina y las fundaciones Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vida Silvestre, Jóvenes por el Clima y Biodiversidad Argentina, reclamaron una urgente restitución del fondo fiduciario de administración de los recursos de la Ley de Bosques, disuelto por el gobierno de Javier Milei mediante el decreto 888/2024.
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A través de una nota dirigida a autoridades del Ejecutivo nacional y el Congreso, 25 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se cuentan la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), Banco de Bosques, Natura Argentina y las fundaciones Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vida Silvestre, Jóvenes por el Clima y Biodiversidad Argentina, reclamaron una urgente restitución del fondo fiduciario de administración de los recursos de la Ley de Bosques, disuelto por el gobierno de Javier Milei mediante el decreto 888/2024.
A través de un comunicado conjunto, las ONG advirtieron que el decreto publicado el martes 8 de octubre "atenta contra la protección de los bosques nativos" y se traduciría, en los hechos, "en menos transparencia y más desfinanciamiento" en el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos. Las entidades civiles hicieron notar que en lo que va del año "el Tesoro Nacional no ejecutó ni un sólo peso", en abierto incumplimiento a la Ley de Bosques que rige desde fines de 2007, "a pesar de tener presupuestados $10.000 millones" para 2024. Agregaron que dicha asignación representa "solo el 3,54% de los $282.316 millones exigidos por la ley 26.331" y remarcaron que el Fondo específico "tampoco cuenta con los aportes económicos que debería recibir, según la norma.
En abril el gobernador Gustavo Sáenz solicitó a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, Ana María Vidal, la regularización de los fondos.
Recordaron que la Ley de Bosques, a través de su artículo 31, estableció la conformación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos con partidas que no deberían ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional, y al que debería destinarse el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y el sector forestal, como también los préstamos y subsidios otorgados por organismos nacionales e internacionales, donaciones, legados y otros aportes destinados a los fines específicos de la norma que el Congreso sancionó en noviembre de 2007.
Las organizaciones aunadas en el reclamo advirtieron que, además, el Fondo de la Ley de Bosques presentaría el próximo año una caída de entre 20,7% y 32,5% en los recursos específicos, en vista de la inflación promedio que proyecta el Presupuesto 2025 y la que está estimada en base al Relevamiento de Expectativas del Mercado. En este punto, añadieron que la cifra que contempla el Presupuesto 2025 "es igual, en términos nominales, a los $10.000 millones asignados para el año 2023 y prorrogados para el 2024, agravando la situación en un contexto de alta inflación y de crisis de biodiversidad. Estos números evidencian un desfinanciamiento estructural que compromete la efectividad de la Ley", puntualizaron.
En aquella nota, Sáenz remarcó que Salta es la provincia con la mayor biodiversidad y la mayor proporción de bosques de todo el país.
En este contexto, denunciaron que la eliminación del Fondo Fiduciario que se creó como herramienta de administración de los recursos previstos por la Ley de Bosques "agrava aún más esta situación, desmantelando un mecanismo que había sido fundamental para asegurar que los fondos no se diluyeran con el tiempo, asegurando cierta estabilidad financiera en un contexto inflacionario. Además, su eliminación implica la posibilidad de perder los fondos que quedaron remanentes de los años anteriores y que las nuevas partidas asignadas sean redireccionadas para otros fines. Los fondos específicos se establecieron para compensar a las jurisdicciones que conservan bosques nativos y deben repartirse anualmente entre aquellas que tienen aprobados mediante leyes provinciales los correspondientes ordenamientos territoriales.
El Cofema sesionará hoy
La asamblea extraordinaria que estaba prevista ayer en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) pasó para hoy, a las 10, y se desarrollará con modalidad presencial y vía Zoom para asegurar que representantes de todas las provincias definan las acciones que se iniciarán para reclamar la restitución del Fondo Fiduciario de la Ley de Bosques. Así lo confirmaron ayer a El Tribuno fuentes de ese Consejo en el que se espera un firme pronunciamiento en rechazo del decreto 888/2024.
En reuniones previas, distintas comisiones del Cofema avanzaron sobre las bases de un documento que expresaría la "enorme preocupación" que la decisión que el citado decreto despertó en las provincias. Es que, si bien no eliminó el Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, la eliminación de su herramienta fiduciaria haría que la administración de los recursos específicos sea muy difícil, ya que unos $15.900 millones, que las provincias reclaman como parte de los derechos establecidos por la Ley de Bosques, volverían al Tesoro General del Estado. De esa forma resultaría muy complejo asegurar la trazabilidad y transparencia en el uso de esos fondos a futuro.
Frente al decreto 888, el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazabal, manifestó la preocupación por $1.200 millones que reclama Salta.