La dictadura encabezada por Nicolás Maduro ha resuelto convertir a Venezuela en un infierno que condena a 32 millones de venezolanos a elegir entre el sometimiento, el exilio, la complicidad con un régimen criminal, o la prisión.
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La dictadura encabezada por Nicolás Maduro ha resuelto convertir a Venezuela en un infierno que condena a 32 millones de venezolanos a elegir entre el sometimiento, el exilio, la complicidad con un régimen criminal, o la prisión.
La represión desatada contra las protestas por el evidente fraude electoral del domingo pasado ya se cobró cerca de 20 muertos y una cifra estimada en 1200 opositores detenidos. Pero ya nada sorprende, al cabo de un cuarto de siglo de chavismo.
La violencia desplegada por el régimen en todo el período preelectoral, con la proscripción de la líder de la oposición, María Corina Machado, el encarcelamiento arbitrario de opositores, los ataques a los medios de comunicación y las amenazas previas de guerra civil son indicios más que suficientes de que el gobierno conocía la derrota de antemano.
Al mismo tiempo, era ya un mensaje elocuente de que Maduro no tiene previsto reconocer una derrota que no solo lo privaría del poder, sino, sobre todo, de la impunidad que ampara al dictador y a toda la elite que se ha enriquecido mientras la economía venezolana se desplomaba.
En los últimos once años el PBI venezolano cayó en un 70% y el 25% de la población emigró, tanto por el deterioro de las economías familiares y la falta de trabajo, como por las persecuciones políticas.
La violencia represiva del régimen, que incluye comandos civiles armados, ha derivado en gravísimas denuncias por violaciones de derechos humanos, incluidos ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas. Sin embargo, los organismos internacionales se muestran impotentes. En el caso de la ONU, Maduro cuenta con el respaldo de Rusia y China, dos regímenes autoritarios que, junto con el fundamentalismo iraní fueron los primeros en reconocer el triunfo de Maduro.
La OEA, a su vez, no pudo reunir los 18 votos que se necesitaban para exigir la publicación de las actas electorales. La sola demora evidencia que los documentos, si son auténticos, estarían mostrando una derrota categórica. Y de ser fraguados, no serían creíbles.
En 1998, el triunfo de Hugo Chávez significó el reemplazo del sistema representativo, con el que Venezuela se había convertido en un país democrático modelo, próspero y con grandes posibilidades de desarrollo, por un régimen de liderazgo delegativo, estatista y populista.
Sin un proyecto productivo, pero aprovechando la bonanza petrolera de la primera década del siglo, el chavismo construyó un aparato de poder ultra concentrado, con legisladores y jueces sometidos al líder, o exiliados.
Al mismo tiempo, la empresa Petróleos de Venezuela SA, manejada por burócratas sin formación técnica, pasaba de una producción de tres millones de barriles diarios, a la actual, de apenas 300 mil.
Venezuela es hoy el único estado fallido entre todas las potencias petroleras. La precariedad del régimen ofreció espacios liberados como sede operativa de grupos violentos, incluidas ex guerrillas colombianas, a los que cedió el control de varios estados, la comercialización del oro y del narcotráfico que atraviesa la región.
Venezuela plantea hoy un fuerte desafío para Latinoamérica, por la magnitud de la crisis económica y por el alineamiento del chavismo con China, Rusia e Irán, que encolumna internacionalmente al país en el frente opuesto a la democracia occidental. El apoyo explícito del gobierno de Bolivia y la actitud dubitativa de Colombia y Brasil frente a la violencia desplegada por Maduro muestran la inestabilidad generalizada de la región.
Este escenario exige prudencia, firmeza y capacidad diplomática a los países de la región.
Sin presión internacional, el chavismo, sostenido fundamentalmente en las cúpulas militares, se eternizará en un poder usurpado por medio de la represión y el fraude.
