Se complica la situación de Eduardo Belliboni y Emilio Pérsico, dirigentes piqueteros del Polo Obrero y el Movimiento Evita, respectivamente. Ayer, el fiscal Gerardo Pollicita apeló ante la Cámara Federal el fallo del lunes del juez Sebastián Casanello y reclamó que Belliboni sea procesado por cargos más graves y que Pérsico sea indagado.
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Se complica la situación de Eduardo Belliboni y Emilio Pérsico, dirigentes piqueteros del Polo Obrero y el Movimiento Evita, respectivamente. Ayer, el fiscal Gerardo Pollicita apeló ante la Cámara Federal el fallo del lunes del juez Sebastián Casanello y reclamó que Belliboni sea procesado por cargos más graves y que Pérsico sea indagado.
El fiscal sostiene que los dos actuaron en connivencia para desviar de forma ilegal fondos por más de $572 millones a sus cooperativas entre 2020 y 2022.
Al líder del Polo Obrero el juez lo procesó por el delito de administración fraudulenta, pero ahora el fiscal le achaca los de extorsión y coacción agravada. Esto por el mal manejo del Potenciar Trabajo durante los años en que Alberto Fernández fue presidente.
Y a Pérsico, referente del Movimiento Evita, que durante el gobierno de Alberto Fernández fue secretario en el Ministerio de Desarrollo Social, Pollicita había pedido que se lo indagara debido a que se le adjudica ser quien controlaba los fondos de los programas que después llegaban a las organizaciones como la de Belliboni.
Pollicita presentó ese pedido durante la feria judicial, pero en su fallo del lunes el juez le dijo que no contaba con los elementos suficientes para una indagatoria. Ordenó, en cambio, medidas de prueba para avanzar en ese capítulo de la causa. Pollicita sostuvo que Pérsico estaba "de los dos lados del mostrador", por ser funcionario y a la vez el líder de la agrupación piquetera, que también administraba planes.
En el recurso que presentó ayer, Pollicita expuso las pruebas que dice tener para justificar sus pedidos contra los dos piqueteros, y para señalar que Belliboni extorsionaba a las personas que estaban en las bases de su organización y eran destinatarias de programas sociales. Ambos líderes niegan todas las acusaciones.
En el documento del fiscal, al que accedió La Nación el juez alega que había sanciones de la cúpula contra los destinatarios de la asistencia estatal, que se evidenciarían en los cuadernos secuestrados en uno de los comedores. También adjunta chats de WhatsApp que, de acuerdo con su visión, muestran cómo las altas y bajas del plan Potenciar Trabajo dependían del pago de "cápitas" que se les exigían a los beneficiarios y de su asistencia a las marchas del Polo Obrero.
"Ello se ve reforzado con lo declarado por el imputado colaborador N° 1, quien refirió que le dijeron: 'Decidimos que a los que debían cápitas de mucho tiempo y no movilizaban, que se los diera de baja. Me pasaron un listado y yo tenía que comunicarme con las personas y decirles que tenían que movilizar porque si no, las iban a dar de baja'", indica Pollicita, sobre uno de los testimonios que tiene en la causa.
Esa misma persona también aseguró ante la Justicia: "Chiquito Belliboni siempre mandó por WhatsApp en el grupo 'Polo CABA' audios diciendo que teníamos que convocar a la gente con fuerza a la movilización. Y lo mismo Jeremías [Cantero, número dos de Belliboni]".
Otro relato que suma Pollicita es el de una persona que contó el funcionamiento de un comedor de Villa Zavaleta. "Tuve que ir un año a movilizaciones para que me den el Plan Potenciar. En las marchas nos tomaban lista. Y depende de cuántas veces faltaba la gente, le hacían llamados de atención. Yo consideraba mis jefes a Jeremías Cantero y Eduardo Belliboni, porque supuestamente eran los que se encargaban de que a nosotros nos entreguen el plan y todo".
Según el fiscal, Belliboni y los suyos obligaban a los beneficiarios a ir a las marchas y a "permanecer determinada cantidad de horas sosteniendo banderas", a la vez que les exigían que se tomaran selfies para comprobar la asistencia.
"Acuerdo de impunidad", según el fiscal
En el recurso que presentó ayer, Pollicita sostiene que hubo un "acuerdo de impunidad" entre funcionarios-piqueteros y piqueteros. Dijo que de los $361.087.500 que recibió el Polo Obrero, al menos $219.955.153,73, un (60%), no habían sido devueltos ni rendidos al Estado nacional. La lista de quienes Pollicita pidió indagar incluye -además de a Emilio Pérsico- a otros exfuncionarios del entonces Ministerio de Desarrollo Social. Ellos son Pablo País, Walter Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Juan Migone, Mariana Noelí Fernández y Ernesto Vicente Paillalef.
