Errores compartidos evitaron que la obra en Bahía Blanca se convirtiera en un objetivo de todos los bonaerenses

La inconcebible indiferencia del sector privado productivo bonaerense que ni siquiera intentó un diálogo con las autoridades provinciales -que tampoco lo convocaron- para coordinar esfuerzos a fin de lograr que un puerto con la operatividad necesaria y las instalaciones complementarias se construyera en Bahía Blanca, es la repetición de una actitud que trasunta la falta de compromiso de las entidades empresarias bonaerenses para reducir sus costos de producción y para las necesidades laborales de los habitantes del territorio en el que funcionan.

Es cierto que en un proceso que abarca décadas el Estado nacional y sus empresas han concentrado ingresos y decisiones en la Casa Rosada y sus alrededores, lo que en nuestra provincia fue causando la pérdida de la identidad también en lo económico. Al dicho “Dios atiende en Buenos Aires”, se agregó “lo importante se decide en la Casa Rosada y sus alrededores”.

Los senadores nacionales que teóricamente deben representar los intereses de sus provincias -como en la práctica ocurre en Brasil y Estados Unidos cuando se legisla sobre temas trascendentes- aquí han votado respetando “la disciplina partidaria” o el punto de vista de caudillos que ejercían la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional. Es muy posible que los bonaerenses hayan sufrido esta situación más que el resto de los argentinos.

En el sector privado se afirma que los políticos llegan al poder en La Plata como partícipes de un movimiento nacional cuyo líder debe llegar a la Presidencia de la República y aunque esto nunca sucedió, muchas veces los intereses reales de la Provincia se han subordinado a ese objetivo. Se llegó al extremo de que las más altas autoridades estuvieran mayor cantidad de horas en dependencias del Grupo Banco Provincia o en un edificio comprado especialmente a ese efecto que en los despachos correspondientes en la capital de la Provincia.

En otras jurisdicciones, como Córdoba y Mendoza, eso sería inimaginable. Existe una alianza tacita entre los políticos y los representantes del sector privado, incluyendo sindicatos obreros, involucrados en la producción industrial, rural, comercial, etc., que se caracteriza por la defensa de los intereses regionales. Es decir, todos juntos a fin de lograr beneficios para los habitantes de esas jurisdicciones. Tanto una como otra son gobernadas desde hace años por hombres del peronismo -la Docta- y del radicalismo -la cuyana-. La administración de ambas provincias gozan de un prestigio aún mas allá de sus fronteras como quedo demostrado con el porcentaje de votos logrados por el exgobernador de Córdoba en la última elección presidencial con escasos fondos, sin estructura ni la exposición televisiva de la que gozaron otros candidatos.

Entre los bonaerenses no se conoce la existencia de una mesa en la que líderes y organizaciones que representen la actividad económica se fijen objetivos regionales.

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A pesar de los problemas que afectan el funcionamiento, los costos de producción y las condiciones sociales en la que viven los bonaerenses, en parte por la ineficacia de la administración estatal provincial pero fundamentalmente por la amenaza de la puesta en vigencia de la ley de coparticipación impositiva que convierte a la provincia de Buenos Aires en la aportante de casi el 40 por ciento de lo que el Estado Nacional recibe en ese concepto, mientras que a los bonaerenses en la distribución se le adjudica solo el 22 por ciento. Esas circunstancias, sin dudas, perjudican a las actividades industriales, comerciales, rurales y de servicios. Sin embargo, el empresariado bonaerense evita referirse a esta cuestión.

Este año en el Congreso Nacional se manifestó una situación de la que no existen muchos antecedentes. Senadores y diputados de algunas provincias comenzaron a condicionar la aprobación de leyes que podían incidir en el logro de inversiones privadas para sus distritos o de condiciones impositivas especiales para los habitantes. Así como el “bloque patagónico” o el bloque del “cobre, litio y otro metales” apoyaron el RIGI y acompañaron su aprobación a pesar de las críticas generalizadas que despertó en un principio ese régimen. Un lobby político y empresario obtuvo esa victoria a pesar de la oposición de gran parte de los legisladores representantes de las más pobladas provincias argentinas.

Estas últimas que geográficamente pertenecen a la región central en la que se producen alimentos cuya exportación significa una importante entrada de divisas para el país que otras actividades tardaran muchos años en igualar, y con la posibilidad de crecer muy rápidamente, seguirán postergadas por el peso de los gravámenes, impuestos y retenciones que sufren los productores vinculados a esa actividad. Consecuencia de que los Estados provinciales de esas zonas padecen recaudaciones impositivas que se reducen por la presión del fisco nacional sobre los productores. Sin embargo, el sector público y el privado no han llevado a cabo gestiones conjuntas para posibilitar el crecimiento de la actividad que es vital no solo en cada una de esas jurisdicciones, sino en todo el país.

En nuestra provincia el divorcio entre el sector público y el privado se manifestó en plenitud desde cuando YPF y Petronas anunciaron que estaban decidiendo la ubicación del puerto y los servicios complementarios desde donde se exportaría el petróleo y el gas licuado. Esta obra que significaría una inversión de 40 mil millones de dólares y la creación de miles de puestos de trabajo, solo movilizó en el sector privado a organizaciones que representan el comercio, la industria y el agro de Bahía Blanca y algunos kilómetros a su alrededor. Debió ser un tema central para unificar gestiones de los empresarios y, en todo caso, acompañar o criticar las actitudes de los sectores políticos de la Provincia en esta cuestión.

El silencio ha sido un error grave.