Luego de que haya sido procesado el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni el fiscal federal Gerardo Pollicita llamó a indagatoria a Emilio Pérsico, el exsecretario de Economía Social del ya desaparecido Ministerio de Desarrollo Social, bajo la presunción de que pudo haber sido cómplice de Belliboni en desviar fondos millonarios originalmente destinados a la ayuda social.
Según sostiene la fiscalía existe “una matriz de corrupción” que operó desde marzo 2020 hasta diciembre del 2023 por lo que se pidió la indagatoria de exfuncionarios de la exsecretaria a cargo de la distribución de la asignación y el control de los fondos destinados a la asistencia social. Pollicita asegura que los funcionarios “actuaron en forma coordinada” con los dirigentes sociales.
“La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente. Sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde —al menos— marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través del cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social — encabezada por Emilio Pérsico— que eran los responsables de la asignación y control de los fondos estatales destinados a la ayuda social”, sostiene Pollicita.
En el escrito, el fiscal expuso una acción coordinada entre ambas organizaciones sociales, la de Pérsico y la de Belliboni, con el objetivo de desviar millones de pesos a las cuentas de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Limitado sin ninguna documentación que lo ampare. Pollicita analizó cinco convenios firmados, y determinó que se asignaron fondos públicos sin conocer los proyectos en los que el Estado invertiría.
Para el fiscal, Pérsico y Belliboni “se apropiaron de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional, todo ello en perjuicio de la administración pública”. "Bajo el paraguas de un acuerdo de impunidad, los responsables de las Unidades de Gestión del Polo Obrero, por un lado, y las autoridades públicas, por el otro, incumplieron con las obligaciones legales que el programa les imponía en relación a la rendición de cuentas sobre los fondos públicos entregados en carácter de subsidio a los primeros, evidenciando el desinterés en torno al destino de los fondos, tal como se viene desarrollando”.
Según detalló Pollicita el Polo Obrero recibió $361.087.500 de los que al menos $219.955.153,73 “no habían sido devueltos ni rendidos al Estado Nacional, es decir, que las autoridades del Polo Obrero recibieron ese dinero pero ni siquiera informaron en qué lo gastaron ni tampoco lo restituyeron”.
“Como era de suponer en base al acuerdo descripto, dichas omisiones no motivaron ninguna intimación por parte de las autoridades del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación —las intimaciones fueron realizadas recientemente por las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano—, pese a encontrarse holgadamente vencidos los plazos de ejecución y, por tanto, de rendición de cuentas”, consideró el fiscal.
En ese marco, se le pedirá indagatoria a los ex funcionarios Pablo Ariel País, Walter Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Migone, Mariana Fernández y Ernesto Paillalef.
En tanto, Belliboni, Mariano Centanni, Elizabeth De Palma, Ivan Ortiz, Maria Isolda Dotti, Erika Lubenfel y Ezequiel Coego volverán a declarar.
