Tras eliminar el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei consiguió el apoyo de los gobernadores dialoguistas, pero crecen las dudas respecto de en qué espalda caerá el costo del ajuste, para alcanzar el déficit cero que no está dispuesto a ceder el gobierno libertario.
Sobre la mesa están las cartas que -dicen desde el Gobierno- Milei está dispuesto a jugar: la obra pública a cero; las transferencias discrecionales solo para los gobernadores que acompañaron incondicionalmente; el Impuesto a las Ganancias y la coparticipación.
Aunque consiguieron el apoyo de los mandatarios provinciales no peronistas, y hasta incluso de un par de gobernadores peronistas, en el entorno presidencial crece el malestar porque se vieron obligados a mostrar la primera debilidad parlamentaria, pero están dispuestos a capitalizar la movida.
Por un lado, aseguran que será una oportunidad para reformular el capítulo fiscal -proyecto sobre el que ya están trabajando- e ingresar al Congreso el nuevo paquete fiscal a mediados de marzo, principios de abril. Por otro, miran a las facultades delegadas incluidas en la Ley Ómnibus como una herramienta a la que podrá echar mano el Presidente cuando así lo decida.
Además, se entusiasman con la idea de que los gobernadores también paguen una parte importante del costo del ajuste. La presión es para que bajen el gasto, con eje en el empleo público. Pero algunas provincias dependen fuertemente de la contratación estatal para sostener los niveles de empleo. Sumado a que les impondrá fuertes restricciones al endeudamiento con los bancos provinciales.
“El ajuste de la política y el gasto público en general no solo tiene que hacerlo el gobierno, sino también las provincias y los municipios echando miles de ñoquis”, dijo el diputado José Luis Espert, en la mesa de Mirtha Legrand, por eltrece, y lo compartió en sus redes. Milei lo “premió” con un like.
Los recursos en disputa
Según el último informe del Ieral, de Fundación Mediterránea, en 2023, un 52,4%% del total de las transferencias discrecionales de parte de Nación fue receptado por la provincia de Buenos Aires; seguida por CABA (7,9%), Santa Fe (5,5%), La Rioja (2,4%) y Chaco (2,7%). En el otro extremo, Chubut y Río negro solo recibieron un 0,4% del total.
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Sin embargo, si se calcula por habitante, PBA quedó en el puesto 11 y los primeros tres lugares fueron ocupados por La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Además, si se toman en cuenta también las transferencias automáticas -incluidas en la ley de Coparticipación- PBA recibió el 25% de las transferencias totales, aunque si se mide per cápita, se trató de la segunda provincia con menos recursos recibidos. En términos per cápita, los mayores envíos fueron para Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja y Formosa, y los menores para CABA, PBA, Mendoza y Córdoba.
La idea de Milei de “dejar sin un peso” y de “fundir” a los gobernadores tiene en su base esas cuentas. Gran parte de las trasferencias discrecionales responden a obra pública asignada que, con la órbita de Infraestructura bajo el ala de Caputo -el ministro responsable de conseguir el prometido déficit cero-, Nación tuene proyectado reducir a su mínima expresión hasta su eliminación total.
De acuerdo con una investigación de TN, actualmente hay en ejecución en todo el país unas 2185 obras (1000 solamente en PBA) y poco más de 96.000 viviendas, las que según fuentes nacionales, provinciales y municipios, presentan en buena medida un “estado de paralización total” desde hace meses, incluso antes de la llegada de Javier Milei al poder. Una situación que preocupa a contratistas y miles de obreros.
El Presupuesto 2024 para Obras Públicas y Viviendas no alcanza para terminar estos proyectos. A modo de ejemplo, TN adelantó que el área de Hábitat y Vivienda, que conduce Héctor Lostri, cuenta con un total de U$S374 millones y se decidió que con presupuesto propio solo se terminen las casas que estén en un 80% de avance físico y para el resto se buscará financiamiento privado.
En las provincias crece la preocupación, pero también están en alerta por la falta de recursos para afrontar gastos corrientes, como el caso de salarios. Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, ya se expresó al respecto. Otros distritos pagaron el aguinaldo en cuotas.
Los entretelones de una negociación con sobresaltos
Cuando las negociaciones por la Ley Ómnibus se estancaron en el Congreso, Milei apuntó directo a los mandatarios provinciales, especialmente a los aliados al Gobierno, que se mostraron inflexibles a la hora de ceder en puntos clave como retenciones y jubilaciones. Habló en duros términos y le dio like (su forma de comunicar hasta ahora) a comentarios despectivos con los gobernadores. También sus funcionarios.
Fue entonces que se filtró la frase que el Presidente utilizó en una reunión de gabinete con la que amenazó con dejar “sin un peso” a las provincias si no acompañaban la iniciativa.
La filtración le costó el puesto al entonces ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, aunque en las filas libertarias adjudican su salida a un duro enfrentamiento con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
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Pasado el cimbronazo, nadie salió a desmentir las palabras de Milei, mucho menos el propio Presidente que le dio a like a varios posteos en X que la daban por válida.
El malestar entre los gobernadores fue creciente, pero con la baja del capítulo fiscal, volvió la calma. Sin embargo, no todo está dicho. Los mandatarios provinciales mostraron que tienen poder de fuego y que están dispuestos a utilizarlo. La pelea que se abre ahora será por los recursos y el ajuste.
