Crisis previsional: advierten que hace falta redefinir el sistema para que sea sostenible

CÓRDOBA.- Más allá de la decisión que se tome ahora con respecto al mecanismo de actualización de los haberes jubilatorios que están a cargo de la Anses, la Argentina necesita, a mediano y plazo, redefinir el sistema previsional. Los expertos coinciden en que con el “desorden” actual y las reglas vigentes es insostenible.

El gasto previsional va a crecer hasta 2060 y, a partir de entonces, se reducirá por cuestiones poblacionales, según estima la consultora Idesa. La situación se da solo por efecto del envejecimiento. Si no se renuevan las moratorias, el gasto se mantendrá estable hasta 2045. En la actualidad, la mayoría de las prestaciones (58%) fueron obtenidas tras accederse a un plan de pagos, por no contar sus titulares con la cantidad de aportes que exige la ley (30 años como mínimo, en el régimen nacional).

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) suma otro dato clave: el bono demográfico argentino (el período previo a aquel en el cual la relación entre aportantes y pasivos genere un problema significativo) termina en 2030. “La Argentina envejece rápido; en cinco años envejeció lo que Europa en 25″, resume Gala Díaz Langou, directora ejecutiva.

Para el economista Jorge Colina, director de Idesa -la consultora cofundada por el director ejecutivo de la Anses, Osvaldo Giordano- más que de “reforma jubilatoria” o de “ajuste” hay que hablar de un “ordenamiento”. Y grafica: “No se pueden seguir renovando las moratorias, hay que mejorar la PUAM”, en relación a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, creada en 2016. Según considera, esa prestación debería ser la puerta de entrada al sistema, en vez de las moratoria.

El sistema de jubilaciones está muy fragmentado. Según datos oficiales, en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hay alrededor de 7 millones de prestaciones del régimen general, mientras que 240.000 son de regímenes especiales, un universo que abarca desde docentes y docentes universitarios hasta los retirados del Poder Judicial, pasando por los del Servicio Exterior de la Nación y del Yacimiento de Río Turbio. Además, hay 982.902 beneficios de regímenes provinciales y 13.197 de los municipales. Eexisten cajas a las que aportan profesionales de diferentes rubros, según la jurisdicción y unos 48.200 retiros de regímenes como los de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario y guardaparques).

Las pensiones no contributivas, en tanto, son casi 1,6 millones (la gran mayoría son por invalidez y no por vejez) y por la PUAM hay unas 300.000 prestaciones.

Hay algunos matices en las estimaciones respecto de cuánto representa el gasto previsional. En 2023, según Idesa, fue del orden del 6,2% del PBI, un índice que muestra la licuación por inflación (en 2017 fue de 8% y en 2019, de 7,2%). Para el CIPPEC, es mayor: 8,3% del Producto. De ese total, 3,1 puntos no están financiados por los recursos específicamente destinados al régimen. El déficit proviene, en mayor medida, de subsistemas como el monotributo, o de las moratorias (1,8 puntos del PIB). Las pensiones no contributivas son un punto del PBI.

Los regímenes especiales y diferenciales muestran un déficit menor (de 0,3% y de 0,1% del PBI, respectivamente), pero tienen beneficios más amplios, ya sea por haberes más altos o por edades más tempranas para el retiro.

El economista Oscar Cetrángolo, investigador en el IIEP-UBA Conicet, coincide en el problema que significa que haya más jubilados por moratoria que por régimen regular y enfatiza que en los últimos cinco años “se ajustó como nunca”, ya que el gasto nacional en previsión bajó dos puntos, medido como porcentaje del PBI.

“El ajuste vino por el uso de la fórmula de movilidad, que da índices que quedan rezagados con una inflación creciente. Cuando baja la inflación, ese gasto se recupera rápidamente porque el rezago juega al revés -describe-. Hay que ver qué hace a la Justicia porque todos los damnificados por este esquema pueden reclamar”. En esa línea, sostiene que al ajuste, en parte, lo pagaron los trabajadores que aportaron, porque los de la mínima (la mayoría entró por moratorias) fueron recibiendo bonos y la pirámide se fue aplanando.

Desde el Cippec proponen crear una “continuidad” entre los regímenes contributivos y no contributivos, lo que implica modificar los requisitos para acceder a una jubilación y cambiar el cálculo de los haberes iniciales. “El acceso a una jubilación general unificaría las dos puertas de entrada actuales (contributivo y semi contributivo o moratoria) y la PUAM”, sintetiza.

Díaz Langou insiste en que hay que revisar los regímenes de excepción, que son 177 (de los que 175 son deficitarios) y reciben, en promedio, 85% más de jubilación que la media del resto. Plantea que la experiencia argentina demuestra que, en lo previsional, no sirve poner parches ni querer empezar de cero: “Revisar los regímenes de excepción y fortalecer el régimen general de reparto, mejorando su acceso, sus componentes y su fórmula de actualización es arreglar con una solución real lo que no funciona, potenciando lo que sí funciona”, resume.

Por dónde empezar

La necesidad de un reordenamiento es transversal al análisis de las fuentes consultadas por LA NACION. A criterio de Daniel Elías, secretario técnico del Consejo Federal de Previsión, la tarea por hacer no implica una unificación, pero “sí una integración, porque hay severos problemas de convivencia. Todos tienen sus propias normas, sus propios organismos. No hay que armonizar, pero debe haber criterios similares de protección, porque es imposible sostener tantas asimetrías”.

Los tres pilares de cualquier sistema, repasa Cetrángolo, son: un básico universal para el que no tiene riqueza (“no para todos”, sino para quienes lo necesiten); un esquema contributivo con la regla de una prestación razonable (“lo que se pueda pagar”) y la libertad de aportar para obtener un haber futuro mayor (“el problema es la economía, no el sistema previsional”). Cumplir con esas premisas es la base de donde empezar el ordenamiento.

El monotributo fue creado en 1998, por lo que en cuatro años comenzarán a jubilarse los que aportaron toda su vida laboral bajo esa figura: “Hacen falta 13 ó 14 aportantes para pagar un haber mínimo, lo que implica una segunda ola similar a la moratoria. En estas condiciones no hay forma de financiar el sistema general”, dice el economista.

Las jubilaciones son “malas” por la existencia de regímenes especiales, según plantea Colina. Dice que, sino estuvieran esos regímenes prácticamente se podrían duplicar los haberes mínimos. Entiende que debería avanzarse a un esquema en el que la PUAM sea el piso de ingresos –”similar a la AUH pero para mayores”- y en el cual, en lugar de exigir 30 años de aportes para un beneficio contributivo, se otorguen prestaciones en función de la cantidad de aportes registrados. Según advierte, cualquier cambio operará para los nuevos jubilados. “Hay que tener sumo cuidado de los derechos adquirido; la regla cambia para los nuevos”, detalla.

Díaz Langou dice que la regla de los 30 años de aportes era para un mercado laboral “de otra época, con más formalidad”. Hacia adelante, afirma, debería contar “cada año de aporte”. Y agrega que la “oportunidad” de hacer los cambios es ahora, porque en abril de 2025 vence la moratoria vigente. Una reforma no puede esperar, argumenta, no solo porque el gasto previsional es el componente con más peso del gasto público, sino por la cercanía del fin del bono demográfico. “Hay que trabajar para que el sistema sea más sostenible, más equitativo. y si tiene que haber algunos beneficios extraordinarios, que eso se decida racionalmente, que sea transparente”.

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