Temas pendientes: facultades delegadas y privatizaciones

La oposición dialoguista tomó positivamente el retiro del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus que tratará la Cámara de Diputados el próximo martes. Todos coincidieron en que “el oficialismo se dirigía hacia una derrota en la sesión”. Y que no hay posibilidades de sacar una ley sin consenso y diálogo. Pero plantearon dudas sobre dos temas que figurarán en el temario de la sesión: las facultades delegadas y las privatizaciones.

En cambio el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró ayer que el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus que impulsa el Gobierno en el Congreso de la Nación no va a salir mediante la utilización de las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo que plantea el proyecto.

Pero las dudas persisten. Sobre todo en el tema de las retenciones y el artículo 755 del Código Aduanero.

Los derechos de exportación

Con respecto a las facultades delegadas, el Gobierno propone declarar la emergencia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa por el plazo de un año prorrogable por el Congreso por otro más.

Hay un punto en el que todos coinciden, y es que el Ejecutivo no puede crear nuevos tributos sin el Congreso. Las facultades delegadas no lo autorizan,

En cambio es más difusa las potestades que tendría el Gobierno en relación al artículo 755 del Código Aduanero para incrementar los derechos de exportación, aun cuando el Gobierno haya retirado el ítem que proponía el aumeno de las retenciones para las exportaciones de productos regionales.

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Los diputados de la oposición coinciden en que “las facultades delegadas son una potestad expresa en favor del Poder Ejecutivo Nacional que ha sido utilizada por todos los gobieno desde Eduardo Duhalde hasta la fecha”. Y agregan: “Revisamos la doctrina y si bien los autores dicen que la reforma constitucional obstaculiza esa facultad, lo cierto es que el Poder Ejecutivo lo ha utilizado reiteradamente y no hubo pronunciamientos contrariosa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Continuaron armentando que si “después de aprobar la delegación el Poder Ejecutivo sube las retenciones considerando que está dentro de las atribuciones delegadas, argumentando su ejercicio por todos los gobiernos anteriores, el costo será enorme para quiene aprueben la delegación”.

En este sentido propondrían “limitar expresamente esa potestad ya que reformar el artículo 755 del Código Aduanero está fuera del temario de Extraordinarias”.

Y afirman que “en materia tributaria, como aplica el principio de reserva de la ley, adicionalmente el Congreso debe fijar los elementos eesenciales del tributo. Esto es, el hecho imponible, los sujetos alcanzados, las exenciones y los baremos mínimos y máximos de la alicuota (doctrina de la Corte Suprema en fallo Selcro y Camaronera Patagónica).

Al respecto aclararon que “actualmente existe una delegación del Poder Ejecutivo realizada por la Ley de Emergencia del 2019 que amplía la alícuota y las operaciones alcanzadas por el impuesto PAIS”.

Pero explicaron que en materia de derechos de exportación es usual que el Congreso fije una alícuota máxima y que el Poder Ejecutivo sea quien baje o suba la retención hasta ese límite.

“De hecho, afirmaron, el Código Aduanero lo permite y las leyes de emergencia que se dictaron desde 2001 en adelante así lo dispusieron”.

Más allá del debate del martes próximo en la Cámara baja, está el tema del ajuste de las cuentas públicas. Con el retiro del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, Economía dejaría de recaudar fondos por el equivalente a 1,8 puntos del PBI. La pregunta es: ¿Donde recortará gastos el Gobierno para llegar al déficit fiscal cero?

Y ese es el gran dilema que se les plantea a las provincias. Les recortarán más fondos para alcanzar esa meta?

Privatizaciones

Con respecto a las privatizaciones, la idea de los bloques dialoguistas es que este ítem no se vote en bloque, sino una a una.

El Gobierno aceptó que no se privatice YPF. Pero Hacemos Coalición Federal propone que el Banco Nación y Arsat continúen en el Estado. La UCR pretende que la declaración de “sujeta a privatización” de cada una de las empresas y sociedades sea autorizada explícitamente por el Congreso. Y muchas provincias pusieron en duda la privatización del INTA.