Siguen negociando por la Ley Ómnibus: cuáles son las reformas que sí se mantienen

Luego de que el Gobierno decidiera retirar el paquete fiscal de la ley de Bases, el oficialismo se acerca a su objetivo de convocar a sesión el próximo martes en la Cámara de Diputados, habiendo desbaratado buena parte de la coartada de la oposición moderada para interponerse en el camino.

Sin el aumento a las retenciones ni los cambios propuestos en la movilidad jubilatoria, los bloques de la oposición amigable, que se preparaban para aprobar en general la iniciativa ómnibus pero luego "depurar" el articulado, en lo que hubiera sido un revés para el Gobierno, empiezan a alinearse a la estrategia oficialista.

Si bien la aprobación en general se da por descontada, la expectativa pasa por el hecho de que haya la menor cantidad de retoques en la votación en particular del articulado.

Tras la quita del extenso capítulo fiscal, en el oficialismo reina el optimismo pero no ponen las manos en el fuego.

Los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, que son las fuerzas parlamentarias representan a los gobernadores no peronistas, esperan con ansiedad que los interlocutores del Gobierno les comuniquen el formato final que tendrá el dictamen de minoría.

Esta comunicación se viene demorando pero se reanudará el lunes.

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Se espera que el ministro de Interior, Guillermo Francos, o el asesor estrella Santiago Caputo, o el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, o el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, les hagan llegar la propuesta final y que en ese texto no hayan sorpresas desagradables.

Luego del mal trance que significó la firma a ciegas en el plenario de comisiones del dictamen de mayoría, cuyo texto fue horas más tarde reescrito por funcionarios del Gobierno en un domicilio particular en la Recoleta, el nivel de confianza hacia el oficialismo quedó en el subsuelo.

Por eso, esperan ver por escrito el formato final del dictamen de mayoría antes de que se vote en el recinto.

Todavía hay resquemores respecto de un abanico de temas, como la pretensión de avalar 40 privatizaciones en bloque, y también hay sectores de la oposición blanda que les parece innecesario pasar la motosierra en los sectores de la Cultura (principalmente) y de la Ciencia.

Las reformas en la ley de Bosques y de Glaciares, reduciendo las áreas protegidas y desfinanciando a las autoridades de aplicación, sumado a las modificaciones en la Ley de Fuego (que habilitan cambios en el uso del suelo tras quemas intencionales) son temas que aparecen más aisladamente dentro de las preocupaciones de estos bloques dialoguistas.

 Pero podrían aflorar en el recinto, generando un dolor de cabeza adicional para el Gobierno. Es lo que se quiere evitar.
 

Según trascendió de fuentes de La Libertad Avanza, el temor que aparece en el oficialismo es que desde estos sectores de la oposición amiga les "corran el arco" y que tras haber conseguido el apartamiento del paquete fiscal, ahora exijan más cambios como condición para acompañar en el recinto.

A decir verdad, no existe tal riesgo. El anuncio del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, de que se depuraría el proyecto quitando de en medio el capítulo fiscal fue muy bien recibido por los principales voceros de la oposición amigable.

Y esto incluye no solamente al PRO, que a esta altura ya es una franquicia del oficialismo (el jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, tuiteó que "el PRO está por los cambios en Argentina" y que "está para sesionar el martes), sino también de gobernadores como el santafesino Maximiliano Pullaro (UCR), el entrerriano Rogelio Frigerio (Hacemos Coalición Federal) y el cordobés Martín Llaryora (Hacemos Coalición Federal).

Éste último mandatario había amagado con votar en contra pero tras cartón, luego del anuncio de Caputo, se pasó rápidamente al bando de los apoyos a la ley de Bases.

Este lunes, este grupo de gobernadores no peronistas volverá a reunirse vía zoom para compartir sus lecturas acerca de los cambios en el dictamen e intentar unificar una postura.

Los de reformas que sí siguen en la Ley Ómnibus

Seguirá vigente la posibilidad de vender la mayoría de las empresas públicas, incluidos los medios de comunicación y Aerolíneas Argentinas; la iniciativa para simplificar y digitalizar varios trámites; la reventa de entradas deportivas y las sanciones a los piqueteros y para quienes organizan cortes de calle, aunque no participen del mismo.

En el ámbito educativo, se mantienen los exámenes periódicos para alumnos y docentes y el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia permanente, mientras que en cuanto a la política, se restringirán los actos, programas, obras, servicios y campañas.

En materia laboral, no se elimina el apartado para perdonarles las multas a quienes decidan regularizar a sus trabajadores, incluidas aquellos contratos que se hayan celebrado antes de la eventual promulgación de esta norma.

También permanece la iniciativa para transferir los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro Nacional, todo lo referido con bioeconomía, la ley de pesca (con las modificaciones que se hicieron a la hora del dictamen) y las modificaciones para la legislación de los hidrocarburos.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) se unificarán en el denominado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad; desaparecería el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Respecto de la situación del Estado, se conservan los artículos que ordenan una “simplificación, digitalización y desburocratización administrativa” de varios trámites, “promoviendo la transparencia y el debido proceso administrativo, así como el alivio de cargas y costos”.

En este sentido, se indica, por ejemplo, que “todos los trámites y gestiones que deban realizarse en el Sector Público Nacional deberán realizarse como principio general a través de medios electrónicos”, para lo cual se creará la Ventanilla Única de la Administración Pública Nacional

“Este proceso de conversión deberá concretarse en un plazo que no exceda de los dos (2) años desde la entrada en vigencia de la presente ley. El Poder Ejecutivo Nacional preverá lo necesario para la efectivización de este proceso, así como las excepciones que fueren necesarias”, se detalla.

Por último, aunque se achicó el plazo a un año, con posibilidad de extenderlo a otro más, se le permitirá al Gobierno declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa -ya no en defensa, social ni sanitaria-.

Esto le dará al Poder Ejecutivo la posibilidad de contar con “facultades legislativas” para avanzar con diferentes medidas en cada una de las áreas mencionadas, sin tener que cumplir con los tiempos parlamentarios.
 

Los proyectos que se retiraron de la Ley Ómnibus:

Ganancias: la propuesta, enviada al Congreso en un proyecto separado de la Ley Ómnibus, establecía que el tributo sería pagado por aquellos contribuyentes solteros que tengan ingresos brutos mensuales superiores a 1.250.000 pesos. Además, en el caso de los trabajadores casados con dos hijos, no pagaría con salarios hasta $1.590.062. Aunque en esos casos, pagarían un monto muy bajo, ya que la iniciativa prevé escalas bien diferenciadas con actualización trimestral en base al Indice de Precios al Consumidor (IPC).
De ese modo, se estimaba que alrededor de 800 mil personas volverán a pagar el impuesto. Con la última suba del salario mínimo, en la actualidad sólo pagan Ganancias aquellos que perciben salarios brutos de más de $1.980.000.

Blanqueo de capitales: la Ley Ómnibus planteaba que estarían contemplados sujetos residentes y no residentes. Habría tiempo para sumarse a la exteriorización hasta el 30 de noviembre de 2024. El blanqueo iba a estar dividido en tres etapas.

En la primera, que se extendería hasta el 31 de mayo, la penalidad por el ingreso al régimen será de 5%; una segunda etapa con fecha límite de pago hasta el 10% que tendrá lugar hasta el 31 de agosto; y una última etapa, con una alícuota de 15%, y que terminará el último día de vigencia de la exteriorización de activos.

En ningún caso AFIP cobraría el impuesto especial si se declaran menos de 100 mil dólares.

Moratoria impositiva: el plan que se había incluido en la Ley Ómnibus llevaba como nombre "Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social". Incluiría obligaciones impositivas vencidas hasta el 30 de noviembre del año pasado y excluía deudas por ART, aportes y contribuciones a obras sociales, seguros de vida obligatorios, aportes a personal de casas particulares, entre otros.

Preveía distintos planes de pago. Ante un pago al contado dentro de los 90 días desde que se implemente la medida, la AFIP determinará una condonación de deudas de 50%; pago en cuotas dentro de los 90 días implicará un descuento de 30%; y pago en cuotas a partir del día 91, un perdón de 10% del total. En todos los casos se descontará el 100% de las multas previstas.

Retenciones a las exportaciones: es el punto que generó mayor discusión con los gobernadores. En su versión original, la Ley Ómnibus elevaba los derechos de exportación hasta un piso de 15% para los productos vendidos al exterior que no pagaban nada.

Para soja y sus subproductos (como harina o aceite) la alícuota iba a subir del 30 al 33 por ciento. Otros productos como hidrocarburos o minería mantendrían las tasas vigentes aunque abría la puerta para incrementarlas, si lo necesitara, con un límite de 15 por ciento. En ese último incremento se incluía a las exportaciones industriales. Ahora todo queda sin efecto.

Cambios en la fórmula jubilatoria: el artículo 106 del proyecto suspendía la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria que se utilizana para actualizar los haberes por jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, por ejemplo.

También se suspendía la vigencia para prestación básica universal, la compensatoria, el retiro por invalidez, por fallecimiento y por permanencia.

El proyecto original facultaba al Gobierno a establecer una fórmula automática de ajuste "teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica".

"Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos", consignaba.

Con el correr de la negociación, el Gobierno había resignado la potestad de fijar aumentos por decreto y había accedido a que el incremento de los haberes previsionales se modificara a partir de abril de este año mediante la actualización por la inflación a través del IPC que publica el INDEC.