La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) expresó su preocupación sobre el aumento de Derechos a la Exportación (DEX) que propone la Ley Ómnibus del Gobierno y alertó que afecta “al empleo y las inversiones”. De acuerdo con un comunicado de la entidad, solo el 23% de los establecimientos industriales exportan en la Argentina actual.
Desde la cámara expresaron que las ventas al exterior de bienes y servicios cumplen un “papel fundamental” para alcanzar la competitividad del país. Por eso, que el presidente de la CERA, Fernando Landa, criticó el incremento establecido en el proyecto de ley sobre los derechos de exportación (DEX, o retenciones) en las manufacturas de origen industrial y agroindustrial. También plantea como alternativa que se mantengan para ciertos commodities agrícolas con un cronograma de reducción gradual por año.
Para Landa, la Argentina necesita adoptar la competitividad como política de Estado, reconociendo que “la exportación impulsa el trabajo y el desarrollo”. Además, subrayó que la colaboración entre el sector público y privado es esencial para el “crecimiento sostenible”. El titular de CERA remarcó que la Argentina perdió 4000 empresas exportadoras y 500.000 empleos directos e indirectos en ese periodo.
En las exposiciones en Diputados por la Ley Ómnibus, Landa enumeró los resultados “nefasto de este impuesto transitorio”: la disminución del 33% en las empresas exportadoras en los últimos 15 años y una caída del 7% en la participación de las pymes en la última década. El titular de CERA remarcó que la Argentina perdió 4000 empresas exportadoras y 500.000 empleos directos e indirectos en ese periodo.
Ley Ómnibus: la preocupación de los exportadores por la suba de las retenciones
El presidente de CERA pidió mantener las alícuotas de los derechos de exportación únicamente para la soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sus derivados y a su vez, incorporar un cronograma de reducción gradual anual.
A su vez, solicitó la eliminación inmediata de los DEX para productos orgánicos de las economías regionales y bienes industriales. En tanto, señaló que aplicar derechos de exportación es “antifederal”, al no ser coparticipable.
“La imposición de derechos a la exportación como solución frente al gasto público actual presenta contradicciones significativas, principalmente la posibilidad concreta de un rebrote inflacionario y pérdida de empleo”, finalizó Landa.
