El Presidente Javier Milei siguió el desarrollo del paro general de la CGT desde la Quinta de Olivos junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia Karina Milei.
Más allá de la presión política y las pérdidas económicas, en el Gobierno entienden que la medida de fuerza de la Confederación General del Trabajo (CGT) representa una oportunidad: en los pasillos de la Casa Rosada creen que, con una huelga a menos de 50 días de haber asumido, la CGT se convierte en un enemigo “útil” que les permite alimentar su relato de las “dos Argentinas”.
“Es un paro político que busca dañar y voltear al Gobierno. Esto demuestra que hay dos Argentinas. De un lado, la que quiere avanzar y la que construye; y del otro, la que retrocede y destruye”, sostuvieron en el entorno de Javier Milei. Aseguran que la medida de fuerza ayuda a construir la figura de un “enemigo” -en alusión a los gremios y el kirchnerismo- y que sirve para insistir con las reformas que plantea el oficialismo en la Ley Ómnibus y el DNU.
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En la Casa Rosada acusan a los dirigentes sindicales que rechazan las reformas de intentar “mantener sus privilegios” y advierten que la medida de este miércoles genera pérdidas millonarias para el país: hablan de unos US$1500 millones. De alguna manera, plantean la idea de que la central obrera también forma parte de la “casta”.
Tras el paro, el Gobierno profundizará su disputa con la CGT e insistirá con la necesidad de reformas
De cualquier manera, en la Casa Rosada insisten en que la movilización de la CGT corresponde a un “grupo minoritario” y que la gran mayoría de los trabajadores decidió concurrir a sus puestos de trabajo. En el oficialismo abonan la teoría de que el paro general permitirá a los argentinos identificar qué sectores buscan “poner palos en la rueda” y en el entorno presidencial dejaron trascender que el propio Milei había alentado a sus ministros a que salieran a cruzar a los líderes sindicales en la previa de la huelga.
En este marco, en el Gobierno preparan su propio relevamiento de acatamiento al paro para contrastar con las cifras que comunique la CGT. Intentarán de esta manera deslegitimar una medida de fuerza que para la Casa Rosada es desproporcionada.
Los libertarios aseguran que durante la gestión de Alberto Fernández los trabajadores “se cansaron de perder poder adquisitivo” y que en ese período no hubo ningúna medida de la CGT. “No nos dejan trabajar, no llevamos ni dos meses y ya paran”, afirman.
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En los planes del oficialismo está, también, llevar adelante un relevamiento propio a nivel estatal para saber cuántos empleados públicos se adhirieron a la huelga. A esos trabajadores, adelantó el vocero Manuel Adorni, les descontarán el día.
Por la tarde del miércoles, Milei se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich para analizar los resultados del protocolo antipiquetes. Por la mañana del miércoles el vocero presidencial había dicho que trabajaban para que sea “un día normal”. “Hay un protocolo vigente que se va a cumplir como corresponde garantizando la libre circulación con los controles pertinentes y garantizando que las calles no se corten”, especificó.
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Por el momento los canales de diálogo entre el Gobierno y el sindicalismo se cortaron, más allá de que este medio pudo saber que el ministro del Interior Guillermo Francos dialoga habitualmente con líderes sindicales.
