Transporte público: otra vez se complicó el trámite de compra de las tarjetas SUBE

Una vez más miles de platenses, usuarios de los medios de transporte, se encuentran recorriendo el verdadero calvario en que se ha convertido en estas horas el trámite para obtener las tarjetas SUBE, en medio de las nuevas reglas para que el próximo aumento del boleto sea menor.

En ese sentido, la situación que ya se presentó en años anteriores –la burocracia es capaz de tropezar setenta veces siete con la misma piedra- se ve ahora agravada por la existencia de un nuevo trámite, consistente en registrarse como titular de la tarjeta para no pagar más caros los boletos, tal como se informó en este diario.

Así, ya sea que hayan podido acceder a la compra de una tarjeta en cualquier puesto habilitado o desde la web, los usuarios que no registren su SUBE deberán pagar una tarifa “sin nominalizar” más elevada que, según prevé el cuadro tarifario, en febrero partiría en 430 pesos para colectivos y 260 pesos para trenes.

Se está hablando de un trámite que, normalmente, no debiera demandar más que uno o dos minutos. Sin embargo, primero hay que peregrinar por distintos lugares, ya que escasean las tarjetas por “falta de plástico”.

No sólo faltan tarjetas en muchos de los lugares de expendio, sino que también las quejas de los usuarios apuntan a las dificultades administrativas para poder registrarse y tener tarjetas nominadas, situación que comenzará a regir desde abril, según aclararon las autoridades competentes.

También pudo comprobarse que en algunos puestos de venta había stock, pero como no son las tarjetas oficiales y el precio lo pone el vendedor sin regulación, se llegó a pedir hasta el triple del valor oficial aprovechándose así de la fuerte demanda.

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Fuentes oficiales del ministerio de Transporte aludieron a la existencia de “un colapso por la cantidad de ingreso”, asegurando que esa situación ya se estaba normalizando. Sin embargo, ayer continuaban los reclamos de los usuarios.

Se ha dicho muchas veces en esta columna, ya desde hace décadas, que existe un creciente y justificado reclamo contra este tipo de deficiencias o excesos burocráticos, sea en ámbitos públicos o privados.

Y que, por toda respuesta y en el mejor de los casos, las administraciones habilitan un mecanismo para que se inicie un reclamo por otra ventanilla, mientras que en actividades privadas a veces ni hay libros de quejas, aunque éstos, en rigor, no suelen servir para nada.

Frente a estas injustas agresiones a la calidad de vida, es de esperar que desde el propio Estado -donde no faltan organismos de contralor ni de defensa de la ciudadanía- se intervenga de manera efectiva, aplicándose sanciones a los responsables donde sea preciso y, fundamentalmente, buscando que se apliquen medidas eficaces que parecen depender más del sentido común que de planificaciones complejas.