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El proyecto del Gobierno también dispone que en marzo se respetará el ajuste trimestral según la fórmula vigente en la actualidad
En marzo, la mejora para los jubilados será con la fórmula actual/ NA
A pedido de la oposición “dialoguista” que integran el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, el gobierno de Javier Milei reenvió al Congreso el proyecto de Ley Ómnibus con distintas modificaciones. Una de ellas tiene que ver con la movilidad jubilatoria y una propuesta que consiste en mantener “el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual”. Mientras que “a partir de abril comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del Indec. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”, asegura el texto oficial que, además, elimina las jubilaciones de privilegio para Presidente y Vicepresidente.
En principio, la oferta lejos está de atender los reclamos opositores y, según advierten economistas y abogados especializados en materia previsional, provocará inicialmente una profundización de la pérdida de poder adquisitivo que hace años sufren los jubilados del sistema general de la Anses.
En rigor, el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal pretendían que la indexación mensual de los haberes jubilatorios se concretara a partir de enero. Pero el Gobierno propone recién para marzo que las jubilaciones y pensiones se incrementen de acuerdo a la evolución de los salarios y la recaudación tributaria que va a la Seguridad Social de los meses de octubre y noviembre y diciembre. Mientras que en abril, la fórmula actual sería reemplazada por un ajuste según el IPC “disponible”; es decir, el que corresponde a febrero (dato que se conoce a mediados de marzo). Entonces, si la inflación de febrero fuera de 18%, las jubilaciones subirían en abril en ese porcentaje.
Con los precios avanzando a un ritmo cada vez más rápido, el cálculo de la ley 27.609 -todavía en vigencia- determinó para 2023 una suba acumulada de 110,9 por ciento, frente a una inflación que trepó a 211,4 por ciento. Así, quienes solo recibieron subas según la movilidad tuvieron, de punta a punta del año, una pérdida de poder adquisitivo de 32,3 por ciento. La variación fue diferente para quienes siempre cobraron bonos y para quienes los tuvieron, pero en un momento dejaron de percibirlos. En los últimos cuatro años las jubilaciones perdieron hasta casi el 45%, en tanto que si se toma como punto de partida septiembre de 2017 las caídas van desde el 26,2 por ciento al 55,4 por ciento.
Si se tiene en cuenta que la movilidad de marzo podría rondar entre el 30 y el 35% (contra una inflación trimestral del 75 u 80%), hasta tanto se aplique el cálculo por inflación, los jubilados deberán afrontar otra pérdida adicional a las que ya vienen sufriendo. Otro dato importante es que la movilidad por inflación no toma en cuenta el eventual crecimiento real de los salarios y de la economía, sino los haberes reales, sin recuperar lo perdido durante las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Solo en los últimos cuatro años las jubilaciones perdieron hasta casi el 45%, en tanto que si se toma como punto de partida septiembre de 2017 las caídas van del 26,2 por ciento al 55,4 por ciento. El renovado proyecto que se conoció ayer no contempla ninguna compensación frente a esas mermas.
La modalidad que propone el Gobierno, además, le permitiría al Estado un virtual ahorro, al esquivar la actualización de los haberes en los meses de mayor disparada inflacionaria: en diciembre el índice del Indec trepó al 25,5 por ciento y se estima que este mes rozaría el 20 por ciento.
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Por otro lado, la propuesta oficial, que ya cosecha reparos en ámbitos radicales, nada dice sobre los bonos que desde septiembre del año pasado vienen cobrando jubilados y pensionados con los haberes más bajos. El último bono que percibieron esos jubilados fue de 55.000 pesos durante el mes de enero, pero todavía no se fijó el valor de febrero.
Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó ayer que habrá un bono en febrero, aunque no precisó de cuánto será.
“Ya habíamos hablado de un bono para enero y para febrero. La fórmula de movilidad ha sido dañina para los jubilados, de hecho hace tiempo que no se respeta, donde se los tiene que compensar a los jubilados con un bono”, dijo y que “está claro que la fórmula no solo no ha servido para que el jubilado mantenga su poder adquisitivo, sino que siempre se lo ha tenido que compensar con un bono”.
En el texto enviado en diciembre al Congreso, el Gobierno disponía, entre otros puntos, la suspensión de la actual fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses. Según la norma, el Poder Ejecutivo podría realizar aumentos por decreto hasta que se establezca un nuevo mecanismo de revisión automática.
Hasta la actualidad, los ajustes de haberes se otorgan en un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último eje, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec.
El mecanismo actual vino a reemplazar la fórmula dispuesta por el macrismo, que se regía en un 70% en base a la inflación y en un 30% a los salarios.
Con todo, la aceleración de los precios implicó que ninguno de los dos esquemas pudiera poner a los jubilados a cubierto de la inflación. Tanto ha sido así que sucesivamente debieron disponerse bonos para compensar las pérdidas en el poder adquisitivo.
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