La suba de retenciones que establece la Ley Ómnibus, que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso, sigue sumando rechazos. En el caso del vino, que actualmente no paga derechos de exportación, le impone un gravamen del 8% y según el sector, esto pone en riesgo a la vitivinicultura. “Se agravará al extremo la mala situación”, advirtieron empresarios bodegueros.
De acuerdo con los datos que dio a conocer Bodegas de Argentina, el cobro de retenciones a las exportaciones del vino sumaría “solo US$60 millones a las arcas estatales, constituyendo apenas el 0.005% del gasto público”, frente a “un enorme perjuicio” para el sector que genera más de 450.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y un ingreso de divisas superior a los US$800 millones.
Leé también: Bancos y consultoras prevén que el dólar oficial cierre el año en $1700 y la inflación llegue al 280%
“La imposición del 8% de derechos de exportación amenaza a las bodegas, empresas vitivinícolas, productores y comunidades que dependen de este sector. El vino es un producto de alto valor agregado no es un commodity”, dijo Walter Pavón, gerente de Relaciones Institucionales de Bodegas de Argentina, en su exposición ante el plenario de comisiones de Diputados que trata el proyecto del Ejecutivo.
El empresario les pidió a los legisladores “racionalidad, sensibilidad y comprensión para evitar las consecuencias devastadoras que esta medida podría desencadenar”, en un contexto en el que la reciente devaluación del 100% sumada a un derecho de exportación del 8% implicaría “un aumento del 29% en los ingresos, pero un 71% de incremento en costos por efecto de la inflación”. “Dejará fuera de mercado con rentabilidad negativa a algunos productos”, dijo.
Bodegueros advierten cuáles son los impactos de cobrar retenciones a las exportaciones de vino
De acuerdo con el informe que dio a conocer Bodegas de Argentina, “el 8% de derechos de exportación al vino agravará al extremo la mala situación de las exportaciones y tendrá repercusiones negativas en el año 2024″ y entre los puntos de impacto mencionó:
- Perjudicará la competitividad de las exportaciones argentinas frente a países sin gravámenes a las exportaciones.
- Generará un perjuicio a los productores de uva, a proveedores de insumos y a proveedores de servicios.
- Acentuará la caída de las ventas al exterior del vino.
- Implicará entregar al Estado un mes completo de ingresos por exportaciones.
- Impactará sobre un tercio del monto que las bodegas invierten para empleo de las personas.
- Pulverizará los fondos destinados a promoción y publicidad que se realiza en el exterior para ganar mercados.
- Reducirá la cantidad de empleos directos e indirectos, impactando negativamente en la inclusión y arraigo en las zonas vitivinícolas.
- Generará un impacto negativo en el enoturismo, fuente de ingresos de divisas para la región.
- Resultará en la pérdida de valor agregado de un producto que podría degradarse fácilmente a la categoría de commodity.
- Provocará un sobre stock de vinos por la caída de ventas, frente a una mayor cosecha que se avecina y la consecuente caída de precios de las uvas.
- Provocará una caída de la rentabilidad de las bodegas y los productores.
Leé también: Piden cambiar un artículo de la Ley Ómnibus para proteger a las economías regionales
De acuerdo con las cifras del sector, en la Argentina hay más de 900 bodegas y 17.000 productores de uvas. En total, están plantadas 207.000 hectáreas con viñedos en 19 provincias de todo el país. Genera US$800 millones de exportaciones a más de 120 países e importa US$80 millones en insumos que no se producen de forma local.
En el último año, registró una caída en el mercado interno del 8% y un consumo per cápita a la baja; sumado a un descenso en las exportaciones del orden del 30%, que redujo de US$1100 millones a US$800 millones el volumen de ventas al exterior.
