El mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado por el presidente Javier Milei, desató una controversia en el sector yerbatero, centrada en la modificación de las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Uno de los puntos más debatidos es la alteración de la capacidad del INYM para fijar los precios de la hoja de esta infusión en situaciones en las que no se logran acuerdos entre las industrias y los productores.
Asimismo, también cuestionaron la eliminación de su facultad para establecer límites a la cantidad de hectáreas que pueden ser cultivadas por una persona o empresa.
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Ante este escenario, representantes de productores y cooperativas vinculados al sector de la yerba mate, provenientes de la provincia de Misiones, tienen previsto presentarse en el Congreso durante este miércoles y este jueves.
En ese sentido, el objetivo es exponer y explicar las consecuencias que, según ellos, tendría la modificación de las funciones del INYM, centrándose en los impactos negativos que podrían generarse en la economía y en la estabilidad del sector yerbero.
La provincia de Misiones sufrió un revés judicial en su intento por frenar la desregulación
Por otro lado, la Justicia Federal se declaró incompetente para pronunciarse sobre la desregulación yerbatera impuesta por el DNU 70/2023, respondiendo a una solicitud del Gobierno de Misiones.
El juez federal Alejandro Gallandat, subrogante del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, determinó que, al involucrar a una provincia en un conflicto contra el Estado Nacional, la Corte Suprema debe decidir sobre la constitucionalidad del DNU. Aunque se reconoce la habilitación de la feria judicial y la urgencia del trámite, el juez optó por no pronunciarse sobre la medida cautelar de no innovar.
Esta decisión judicial generó reacciones en Misiones, donde algunos referentes de la producción se movilizaron hacia la Casa de Gobierno provincial para protestar por lo que consideran la desaparición del organismo yerbatero.
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Asimismo, la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en el año 2002 mediante la Ley 25.564 respondió a la necesidad de afrontar una profunda crisis socioeconómica que afectó a la economía regional de la yerba mate. Esta entidad, configurada como un ente de derecho público no estatal, cuenta con un Directorio integrado por representantes de los sectores público y privado, siendo financiada por el propio sector yerbatero
Al respecto, con más de 20 años de existencia, el INYM desempeñó un papel crucial en el fortalecimiento de todos los eslabones de la actividad. Desde el sector, afirmaron que la labor incluyó la implementación de programas de apoyo y la promoción de la yerba mate en los mercados, además de fijar precios mínimos para la materia prima.
Sin embargo, la emisión del DNU en diciembre, que implica la eliminación de funciones del INYM, generó preocupación.
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Representantes del ámbito yerbatrero expresaron que esta medida afectará directamente a unos 15.000 tareferos, 12.000 productores, 49 cooperativas, 200 secaderos y 100 industrias, “compromete la virtuosidad lograda en las últimas dos décadas”.
Asimismo, advirtieron que “esto podría frenar el ciclo de sustentabilidad, generar impactos negativos en la producción de yerba mate en Argentina y su posición como líder mundial en este rubro”.
