Chile: rechazo a los extremos
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En menos de dos años, el segundo ensayo constituyente en Chile terminó como el primero. Una contundente mayoría del 55% rechazó el nuevo texto presentado para sustituir la Constitución de 1980, nacida durante el mandato dictatorial de Augusto Pinochet. Ambas votaciones golpearon a los líderes de las dos corrientes: al proyecto refrendado por el presidente Gabriel Boric y al texto impulsado por el dirigente conservador José Kast.
Más de 15 millones de electores estaban convocados para votar. Mientras que la derecha tradicional y la ultraderecha defendían que la propuesta se hacía cargo del problema de la inseguridad y ponía fin a la incertidumbre institucional que generó el estallido social hace cuatro años, la izquierda aseguraba que el texto era dogmático y profundizaba el modelo implantado durante el régimen militar.
Con la consolidación de la actual Constitución surgida bajo la dictadura y enmendada varias veces desde los 90, el presidente Boric debe sepultar su proyecto de contar con una Carta Magna progresista. Paradójicamente, tendrá que seguir gobernando con un texto constitucional a cuya sustitución se había comprometido durante la campaña.
Más de 340.000 personas solicitaron una excusa de voto –debido a que el referendo es obligatorio–, lo que representa tres veces más que en la primera votación, en septiembre de 2022. Este hecho, sumado a la baja participación en el extranjero, resalta, según los expertos, el cansancio electoral y la apatía con la que gran parte de la población chilena encaró esta nueva cita electoral.
Boric aseguró públicamente que con el triunfo del “en contra” se cerró definitivamente el proceso constitucional, e hizo un llamado a la dirigencia política para que se enfoque en lograr acuerdos en los temas que preocupan a todos los chilenos. Los votantes castigaron tanto a la izquierda como a la derecha extremas, pero aún no surge una fuerza política o un liderazgo que sea capaz de potenciar la moderación que los resultados de los escrutinios reflejaron. Gobierno y oposición deberán volver a ocuparse de cuestiones como el deterioro económico, la creación de riqueza y la seguridad, las principales demandas de los ciudadanos.

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