Durante las audiencias públicas por las tarifas del gas, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, propuso un nuevo esquema de fuertes aumentos a aplicarse en los próximos tres meses. Ante estas definiciones, distintas asociaciones de consumidores manifestaron su descontento y advirtieron que “la audiencia carece de la información necesaria para abordar la problemática”.
Tal como especificó el titular de la cartera energética este lunes, a partir de abril se analizará una “nueva conceptualización” de los subsidios que, para asegurar su “correcta asignación”, serán determinados en base a una canasta básica energética que cubra las necesidades de los usuarios, “con distintos tipos de consumo en las zonas del país”.
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Mientras que las empresas distribuidoras pidieron una actualización tarifaria de entre el 377% y el 704%, las transportistas solicitaron un incremento de entre 523,5% y 567,3% a partir del 1° de febrero.
“El aumento tarifario, que oscila entre el 300% y el 700%, resulta incompatible con la situación de emergencia social en la que nos encontramos”, planteó la asociación Consumidores Libres tras participar de la audiencia pública convocada por el Gobierno para tratar el Régimen tarifario transitorio del servicio público de gas que busca aplicarse a partir de febrero.
“La audiencia pública no puede cumplir su cometido, puesto que se carece de la información necesaria para abordar la cuestión. Solo se cuenta con información suministrada por las empresas interesadas en los aumentos sin ningún análisis ni convalidación del ENARGAS”, advirtió Ariel Caplan, apoderado de la organización que estuvo presente en defensa de los consumidores.
“Tampoco se pudo ver el proyecto de Adecuación Tarifaria Transitoria elaborado por la autoridad pertinente, que se encuentra elaborado y oculto, ni se ha determinado ni sometido a debate el valor del gas en boca de pozo (PIST) durante el período de aplicación de esta adecuación, agregó.
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Por su parte, desde la Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS) expresaron que “prestan, desde hace 31 años, un servicio público esencial en la Argentina y la mayor parte de ese tiempo, 20 años más precisamente, lo hicieron sin tarifas”. También apuntaron que “los cuadros tarifarios de gas se actualizaron por debajo de la inflación y de los salarios”.
“Las distribuidoras son responsables últimos de garantizar la calidad, la seguridad y la expansión del servicio y para ello necesitan recursos suficientes que tienen como única fuente la parte mínima de la factura de los usuarios que remunera su operación. Las propuestas tarifarias presentadas son económicamente razonables, la factura mensual de la mayor parte de los usuarios del país será menor a servicios comparables y equivalente a menos de 10 litros de nafta”, enfatizaron.
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Para que las tarifas sean sostenibles en el tiempo deben ser actualizadas mensualmente, en tanto, según las distribuidoras, “las variaciones del precio del gas generan sobrecostos muy relevantes”.
En sintonía, desde la Asociación de Consumidores Industriales de Gas (ACIGRA), las tarifas de transporte y distribución deben ser claras y previsibles, para que haya una “adecuada prestación del servicio en forma sustentable”.
En este contexto, la asociación Consumidores Libres solicitó que se decrete un cuarto intermedio hasta tanto se ponga a disposición del público el material correspondiente y al finalizar las exposiciones de la jornada, presentó un documento en rechazo a las medidas propuestas donde se detallaron los siguientes puntos:
- Oposición a todo tipo de ajuste tarifario hasta tanto se trate en audiencia pública con la información omitida;
- Oposición a la aplicación de aumentos mensuales y automáticos de tarifas por aplicación de índices de actualización solicitados por las empresas por resultar incompatibles con los ingresos de los usuarios que no están sujetos a actualización mensual;
- Exigir que se determine y realicen audiencias públicas para determinar el valor del gas en boca de pozo (pist) y su ulterior incidencia en las tarifas;
- Se fije una tarifa social para los usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad;
- Solicitar que los aumentos sean paulatinos y proporcionales a los ingresos de los usuarios, tratándose en forma diferenciada y más favorable a las tarifas residenciales;
- Solicitar que los aumentos se realicen exclusivamente sobre los cargos variables sin incrementar los fijos;
- Se garantice un adecuado nivel de servicio y se resguarde la salud y seguridad de los usuarios;
- La eliminación inmediata de la carga impositiva sobre las tarifas de los usuarios residenciales de menores recursos y la disminución paulatina del resto de los usuarios residenciales.
