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Fabio Rodríguez y Gustavo Marangoni
Economista y analista político
El paquete de ajuste fiscal de Caputo, el Decreto 70/23 y el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso constituyen el trípode básico del comienzo en modo rápido y furioso del presiente Milei. El artículo 8 del megaproyecto declara sujetas a privatización unas 41 empresas estatales o sociedades con propiedad total o mayoritaria del Estado nacional.
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Así como hay una desregulacion al voleo sin ninguna jerarquizacion lógica en la derogacion de leyes en los plexos normativos impulsados, el capítulo privatizador también mezcla la Biblia y el calefón, sin reparar en el desempeño y resultados de cada sociedad o empresa. Poco tiene que ver la situación de, por ejemplo, YCF (Yacímientos Carboníferos Fiscales) y los ferrocarriles argentinos, con el funcionamiento, sentido estratégico y resultados del Banco Nación o YPF. Sin embargo, se persiste en el a todo o nada, a lo cambalache, “revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados”.
Argentina se caracteriza por tener un sistema financiero sano, con el músculo crediticio subdesarrollado y grandes avances en cuanto a su transformación tecnología e inclusión financiera. Estos rasgos son comunes a la banca pública y privada, sin ninguna distinción. Es cierto que la macroeconomía fallida de hace más de una década afecta a ambos grupos de entidades y explica un sistema donde el crédito es solo el 5,6% del PBI (menor registro en 20 años) y el financiamiento productivo a empresas a su vez es menos de la mitad de dicha cifra. En el mismo sentido, utilizar a los bancos como un brazo de la política monetaria para absorber desmanejos fiscales y de emisión ha llevado a que hoy los bancos tengan más títulos en su activo (leliq, pases y bonos del tesoro) que cartera crediticia, lo que implica una gran anomalía que atenta contra el proceso de intermediación ahorro-crédito-inversiones. La banca pública la conforman 13 entidades, donde 2 son nacionales (BNA y BICE, que son los candidatos al “privatícese”), 9 son bancos provinciales y 2 son municipales. Todas actúan, en un entorno competitivo signado por la disrupción tecnológica y entrada de nuevos competidores que están integrados digitalmente en su totalidad y disputan el negocio único de la intermediación del crédito a los bancos. En este aspecto la banca pública viene siendo protagonista con productos como la billetera DNI, la aplicación BNA+, el liderazgo en tarjetas que atienden integralmente al campo, entre varias que se pueden mencionar.
Dos hipótesis falsas y una verdadera sobre la privatización de la banca pública:
1- “Los bancos públicos tienen un mal desempeño económico-financiero”
Cuando se argumenta la necesidad de privatizar una empresa (banco en este caso) se aduce el deficiente desempeño económico financiero, que resulta en un costo creciente para el fisco (y todos los contribuyentes) a través de aportes de capital del accionista. Seguramente existen casos de empresas con dicha característica en el listado de las 41 sujetas a privatización y merecerá su análisis. Pero no es el caso de los bancos.
Un repaso a los indicadores de desempeño de banco públicos y privados arroja una posición de solvencia, rentabilidad, eficiencia y liquidez similar en ambos segmentos.
Una fortaleza envidiable y apetecible de los grandes bancos públicos es la atomización de su fondeo, diversificación de la cartera crediticia y la capilaridad territorial de su red de sucursales y cajeros automáticos.
La importancia de diversificar los créditos por sector, región y tamaño del deudor quedó grabada a fuego luego de episodios del pasado donde las intervenciones políticas sobre las entidades dirigían los créditos de manera fraudulenta hacia grandes corporaciones que luego repudiaban su repago y el fallido era asumido por el accionista. Por lo dicho, resulta falso sostener la privatización en el mal desempeño de las entidades de origen público.
2-“La banca pública se quedó en los ‘80”
En el plano de conjeturar puede pensarse que el argumento privatizador responde a una visión dogmática, anacrónica y desinformada donde se piense que la banca estatal se quedó en el paradigma de funcionamiento de los 80 y principios de los 90. Vale recordar que fue un contexto de repliegue de los bancos de desarrollo y públicos debido a un sinnúmero de desmanejos crediticios y capturas de las instituciones por parte de la política para favorecer grupos empresarios amigos.
El típico banco público bobo que se quedaba con el “pufo” mientras el negocio rentable y sano se canalizaba a los privados. Esa película ya pasó y la realidad actual nada tiene q ver con aquello. La banca pública histórica, con muy buenas franquicias, se saneó, se puso en pie y actualmente lidera la asistencia a Pymes, economías regionales, y ha hecho enormes avances en la inclusión financiera con las citadas plataformas tecnológicas para realizar transacciones.
3- Los bancos públicos tienen una porción de mercado apetecible para crear un nuevo entorno competitivo dominado por actores privados
Trece entidades públicas que son el 17% del total del sistema, dominan entre el 35% y 45% del negocio medido por las variables más relevantes: créditos al sector privado, depósitos de familias y empresas, cajas de ahorro, cuentas sueldos, sucursales y cajeros. Claro que como el desempeño es eficiente también representan el 43% del total de ganancias acumuladas en 10 meses del 2023 por todo el sistema.
Entonces puede pensarse que un tamaño de negocio muy relevante y rentable, que no requiere inyectarle capital para su mejor desempeño, resulta atractivo para quien tenga la visión de excluir del entorno de negocios y de la competencia el accionar de los bancos públicos. En este ángulo aparece una hipótesis por demás plausible detrás de la intención privatizadora de la banca pública.
Si realmente se entiende cómo funcionan los bancos públicos y se persigue el objetivo de estabilidad macroeconómica seguramente quedará para el archivo el dogma (en este caso en la industria bancaria) de que “todo lo que pueda estar en manos privadas va a estar en el sector privado”, y en cambio reconocer una realidad que impera en todas las economías modernas y capitalista que indica que en los sistemas financiero el accionar privado se complementa con el público y existen funciones que no pueden estar en manos del sector privado (sencillamente porque no quieren o no pueden) y que son necesarias para una política pública que apuntale la competitividad de nuestro aparato productivo. Salvo que Alemania, EE. UU., Francia, España, Brasil, China, México, Chile, Uruguay, y tantas otras economías dinámicas como las del sudeste asiático estén transitando un camino equivocado.
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