La TV Pública, en un limbo con resabios kirchneristas

La TV Pública hoy está en un limbo. Si nos ceñimos al texto de la Ley Ómnibus que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso la suerte del canal está echada. Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal encargada de gestionar a la emisora y también a Radio Nacional aparece en el listado de 41 organismos públicos abiertos a un proceso de privatización. Pero el propio Milei, desde que adelantó tal propósito durante la campaña porque veía a esa pantalla transformada en un “ministerio de propaganda”, no volvió a hablar del tema. Y el errático camino de la flamante administración en materia de medios, con funcionarios que entran y salen a toda velocidad sin establecer todavía un rumbo definido, no ayuda para nada a clarificar la situación.

Si el canal no está apagado en este momento es porque desde el propio directorio de RTA hubo acuerdo para designar a uno de sus miembros, el cordobés Javier Monte (representante del radicalismo en tanto minoría parlamentaria), como vicepresidente a cargo de una gestión interina que todavía no encontró ni un solo interlocutor en el Poder Ejecutivo. No sabemos hasta ahora si Milei sigue pensando ahora sobre el canal lo mismo que en la campaña. Tampoco si desde su administración se avanzará a partir de ahora, con la llegada de un nuevo secretario de Medios, en la línea propuesta por la Ley Ómnibus.

En sus primeras tres semanas como Presidente, Milei pudo haber encontrado más razones para seguir alimentando sus críticas. Hasta el 31 de diciembre la TV Pública mantuvo en su programación, aunque de manera más atenuada, algunas voces muy críticas hacia todo lo que no fuese kirchnerismo instaladas durante la gestión de Rosario Lufrano en el horario central de la programación. Curiosamente, la imagen promocional de ese ciclo de análisis y debate político (Desiguales) que ya no está en el aire todavía puede verse en la fachada del edificio de la emisora, sobre la Avenida del Libertador casi esquina Tagle, junto con otros programas igualmente desactivados al concluir con el último día del año la vigencia de los contratos artísticos.

Si la identidad de un canal se define desde su pantalla, la configuración de la TV Pública desde el 1° de enero expresa todo este aire cargado de indefiniciones. Los espacios informativos, con el mismo plantel y el estilo sobrio heredados de la gestión anterior, no dejan de hacer veladas observaciones críticas a algunas políticas oficiales y siguen inclinados a analizar la economía y la política internacional desde una mirada no muy lejana a la que tenía el gobierno anterior.

El resto está armado con material ya emitido de algunos ciclos desactivados a fin de año, la continuidad de Cocineros argentinos (garantizada al parecer por proveer al canal de algunos valiosos puntos de rating) y el regreso en el horario central de la temporada alta de festivales folklóricos y de cultura nativa. Desde la conducción provisional de la emisora afirman que toda la programación actual está íntegramente a cargo del personal de planta, mientras se aplica una política de austeridad dirigida, entre otras cuestiones, a atenuar el impacto que siempre tuvo en las cuentas del canal el pago de horas extras.

Cuesta mucho identificar esta programación con el diseño de una estrategia pensada para más allá de las próximas semanas. “Por ahora, todo es día a día”, se escucha cerca de los despachos más importantes del canal. Nadie sabe qué pasará una vez que termine el ciclo estival de las grandes festividades autóctonas y se agote la repetición de programas ya emitidos en la franja vespertina y el fin de semana. ¿Llegará el tiempo de las latas, como se define desde siempre a las series y las películas en la jerga televisiva? ¿O de algún espacio consagrado a aprovechar el material disponible en el archivo histórico del canal?

Los tiempos de la política y los tiempos de la televisión nunca son los mismos en la Argentina. El desfase tiene raíces históricas muy profundas, impuestas por el hábito de las sucesivas administraciones de esconder el sentido que podría tener un medio público genuino detrás de su aprovechamiento faccioso por parte del poder de turno.

Todavía no sabemos si seguirá firme en el tiempo la postura irreductible del Gobierno en favor de la privatización de RTA y, por consiguiente, de la TV Pública. También estamos muy lejos de conocer quiénes estarían potencialmente interesados en participar de esta operación y mucho menos qué estrategias adoptarán los espacios políticos que desde el Parlamento ya expresaron informalmente su intención de mantener esos medios bajo la órbita estatal con reaseguros para su saneamiento y para evitar contaminaciones políticas como las que desvirtuaron por completo, sobre todo durante las experiencias kirchneristas, la idea misma de de una TV Pública.

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