El Gobierno del presidente Javier Milei prorrogó el presupuesto de 2023 a mediados de diciembre y el Ministerio de Economía debió preparar las nuevas asignaciones. Entre las actividades del Estado que quedarán en la mira y que han sido tema de discusión de la administración actual, es central la continuidad de la obra pública.
Desde la Casa Rosada, adelantaron a TN que no hay fecha confirmada de cuándo se oficializarán dichas asignaciones. Sin embargo, confirmaron que la semana que viene los ministerios tendrán un estimado de la cifra que les pertenece a cada uno.
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A pesar de que el Gobierno había asegurado que todas las obras que habían comenzado la construcción seguirían su proceso, este nuevo anuncio condicionará al Ministerio de Infraestructura, que tendrá que determinar cuáles llegarán a término y cuáles serán canceladas.
Desde la cúpula libertaria, reconocieron que, si la partida asignada no alcanza para todas las que están en curso, será necesario rever, una por una, las obras.
En este caso, quedan exentas todas las que tengan financiamiento de organismos bilaterales internacionales. Las que dependan del Estado y hayan comenzado la construcción, serán evaluadas.
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Para definir cuáles continuarán y cuáles quedarán sin respaldo, se tomará en cuenta qué tan avanzada están. Se priorizarán las que estén a punto de ser terminadas o las que estén más adelantadas.
El modelo “a la chilena”, en carpeta
La discusión acerca del futuro de la obra pública se desarrolla desde finales de 2023. Cerca de la primera quincena de diciembre, el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, había propuesto que todas las obras “que despierten el interés de las empresas sean afrontadas por el sector privado”.
El ministro dio esa declaración en un comunicado luego de una reunión con las autoridades de la UOCRA, UIA, ADEBA, SRA, CAMARCO, CAC y la Bolsa de Comercio. Una de las opciones que ofreció Ferraro fue la de gestionar cambios en la legislación vigente que incluyan programas de incentivo para la inversión en infraestructura.
Desde la Libertad Avanza, le informaron a este medio que el nuevo esquema que se busca instaurar para la obra pública es “100% privado”. Javier Milei a lo largo de la campaña hizo referencia al sistema de obra pública a la chilena. “El Estado le entrega al privado la responsabilidad de poder generar una inversión, entendiendo que las prioridades las define el Gobierno”, señaló en reiteradas ocasiones.
Con este modelo, el Estado le concedería al sector privado el derecho a explotar la inversión. Por ejemplo, la empresa que construya una autopista podrá cobrar peajes por un tiempo determinado para recuperar lo invertido y, al terminar el plazo, el gobierno tendría que decidir si se hace cargo del servicio o inicia una nueva licitación de explotación y mantenimiento.
