El gobierno de Venezuela acusó este miércoles a la justicia argentina de someterse a “intereses” de Estados Unidos tras ordenar el decomiso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y solicitado por la nación norteamericana.
La aeronave será enviada a Estados Unidos.
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En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro condenó “de manera categórica”, la decisión “servil a intereses imperiales” tomada por el juez federal argentino Federico Villena, que “intenta consumar el robo” de la aeronave “secuestrada” en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires.
La trama del avión venezolano-iraní
La medida fue adoptada en respuesta a la solicitud formulada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos), que pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.
Por su parte, Venezuela aseguró haber demostrado, ante “todas las instancias jurídicas y políticas internacionales”, la “posesión legal y legítima de la referida aeronave, dedicada al servicio de transporte de insumos de primera necesidad”.
“La conducta de pillaje, piratería y vasallaje de la Justicia y Gobierno argentinos transgreden su propia legislación y convierten a dicha nación en un grave infractor de la legalidad internacional en materia comercial y aeronáutica”, señaló.
Además, advirtió que tomará “todas las medidas jurídicas, diplomáticas y políticas para salvaguardar los derechos que le asisten”, y alertó a la comunidad internacional, y “en especial a los países latinoamericanos”, de que “cualquier medida ilegal que permita el sobrevuelo y apoyo para consumar este robo será debidamente interpretada como un acto hostil”.
Qué pasó con la tripulación de la aeronave
La aeronave, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro norteamericano.
La tripulación, conformada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente y puesta en libertad después por el juez Villena por falta de evidencia.
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La decisión de decomisar y entregar a Estados Unidos el avión fue adoptada con base en un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes estimaron la procedencia de la petición de decomiso.
Ambos funcionarios tomaron en consideración un tratado suscrito por Argentina y Estados Unidos con el que ambos países “se comprometieron a brindarse asistencia mutua”, lo que incluye la “cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro”.
