Idas y vueltas en la Justicia por el amparo de la CGT contra el DNU

La polémica por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei para desregular la economía sumó ayer un nuevo capítulo judicial. Por un lado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aceptó levantar la feria de enero para tratar el amparo presentado por la Confederación Federal del Trabajo (CGT) contra la iniciativa presidencial que, entre otras medidas, incluye una reforma laboral. Pero esa resolución chocó con el pedido del fiscal general de la Cámara Laboral, Juan Manuel Domínguez, para que la presentación de la CGT pase al fuero Contencioso Administrativo Federal, tal como pretende el Gobierno. En tanto que otro fiscal se opuso a abrir la feria.

Desde antes de su entrada en vigencia, el viernes pasado, el decreto de Milei viene sumando rechazos y presentaciones en la Justicia como la de la CGT, que protesta contra la presunta inconstitucionalidad del DNU.

En ese sentido es que la Cámara Nacional del Trabajo, con las firmas de los camaristas María González y Alejandro Sudera, habilitó la feria judicial para evaluar si corresponde o no la suspensión del megadecreto.

“Esta sala considera que, frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada, lo que así se resuelve”, sostuvo el Tribunal y remitió el expediente al Ministerio Público Fiscal para que dictamine.

Horas antes, el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge había hecho lugar a la apertura de la feria judicial en otro expediente por un amparo contra el DNU en cuestión y, en el mismo trámite, envió el caso al juzgado en lo contencioso administrativo federal del magistrado Esteban Furnari, quien lleva adelante el proceso colectivo contra el decreto.

Además, se conocieron otras decisiones de jueces federales que habilitaron la feria judicial para tratar planteos que piden frenar el DNU vigente desde el 30 de diciembre. Por caso, el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, aceptó levantar la feria y corrió vista al ministerio público fiscal por otro caso vinculado al DNU.

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En tanto, el Juzgado Federal 2 de San Juan, que también había habilitado la feria, remitió el caso al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 2, que conduce Esteban Furnari y que es quien está recolectando todas las demandas contra el decreto presidencial para reunirlas en un solo proceso y evitar sentencias contradictorias.

En ese sentido, el viernes pasado el juez Furnari le solicitó a la Justicia del Trabajo que envíe a su despacho el amparo de la CGT. Precisamente, eso es lo que ayer reclamó el fiscal general de la Cámara Laboral, Juan Manuel Domínguez, en línea con la posición del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, quien solicitó que todos los amparos sean tratados por el fuero en lo contencioso administrativo federal.

En línea con el Gobierno

Por otra parte, el fiscal de instrucción del fuero en lo contencioso administrativo federal, Miguel Gilligan, se opuso a abrir la feria judicial para tratar otro pedido de amparo contra el DNU presentado por el expresidente de Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo.

“Entiendo que las razones de inexcusable perentoriedad para que intervenga el Juzgado de Feria no se hallan debidamente acreditadas en el sub judice, por lo que considero que vuestra excelencia no debería habilitar la feria judicial”, advirtió Gilligan.

Además de ajustarse a lo que pide el Gobierno, la opinión de los fiscales se encuadra con la decisión de la Corte Suprema de no abrir la feria en enero y tratar recién en febrero el amparo solicitado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. La semana pasada, el mandatario peronista había reclamado la inconstitucionalidad del decreto por los “perjuicios irreparables” que le genera a su provincia.

A la par que los expedientes por el controvertido megadecreto tramitan en la Justicia, crece la tensión entre el Gobierno, que busca abrir vías de negociación con los sindicatos, y la CGT, que a través de uno de sus secretarios generales, Héctor Daer, ratificó el paro general de 12 horas para el próximo 24 de enero.

En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el diálogo con la central obrera “está abierto”, pero advirtió: “Lo que no se negocia es la Argentina libre, no se negocia el querer salir del 50% de pobres, querer terminar con la indigencia y no se negocia querer salir de los salarios miserables”.

Sin embargo, el lunes Daer había asegurado: “Hoy no tenemos convocatoria, nadie nos llamó. Y no tenemos garantías de que el Gobierno esté realmente dispuesto a moverse de nada (en relación al DNU y la ley ómnibus enviada por el Presidente al Congreso)”.

Los dichos del sindicalista llegaron tras los fuertes cruces que mantuvo con Federico Sturzenegger, el autor intelectual del decreto para desregular la economía, quien acusó a la CGT de “negociar con la dictadura militar”. Algo que Daer repudió, a la par que rechazó que la central obrera pueda revisar el llamado al paro: “Ellos son los que tienen que recalcular, no nosotros”, remató.