La Justicia habilitó este martes la feria judicial para que durante el receso de enero sea tratado el pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) de que se deje sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica firmado por Javier Milei.
La CGT había presentado un amparo para que se declare la inconstitucionalidad del DNU y sus abogados pidieron hoy la habilitación de la feria judicial. Dicho pedido fue aceptado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien consideró que la causa debe tramitarse en enero dadas las “particularidades del caso”.
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En el pedido realizado, la central obrera hace hincapié en que el DNU ya está en vigencia y pide que se habilite la feria judicial para el trámite del amparo “en virtud de su importancia institucional”.
Los camaristas María Dora González y Alejandro Sudera explicaron que “frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada, lo que así se resuelve”.
De esta manera, el tribunal deberá analizar el pedido que realizó la central obrera y definir si suspende los efectos del DNU. Sin embargo, antes le pidió opinión sobre el caso a la Fiscalía General.
La denuncia realizada por la CGT tuvo una primera resolución cuando el juez laboral José Ignacio Ramonet rechazó la semana pasada una medida precautelar pedida por la central obrera para suspender el DNU.
Ramonet señaló en aquel momento que el DNU no estaba en vigencia y aceptó la competencia del fuero para tramitar el caso. También le dio al gobierno nacional tres días para responder la demanda.
Sin embargo, el Gobierno se presentó en el fuero contencioso administrativo federal para pedir que sea ese tribunal el que intervenga en el amparo de la CGT porque se tramita un proceso colectivo.
El juez contencioso Esteban Furnari aceptó el planteo y le reclamó al fuero laboral la causa de la CGT. Pero la entidad sindical apeló esa decisión, al igual que el rechazo a suspender el DNU. Todo el proceso está bajo revisión.
El amparo colectivo fue iniciado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, CTA y ATE, entre otros. Uno de los amparos que se incorporó fue el de Jorge Rizzo, actual Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires y expresidente del Colegio Público de Abogados.
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“Es inocultable que el caso reviste una gravedad institucional inusitada, pues con el dictado del DNU se encuentra comprometido una institución básica del sistema republicano y representativo de gobierno que establece la Constitución, que no es más ni menos el irrestricto respeto a la división de poderes”, sostuvo Rizzo y agregó que el caso presenta una “gravedad institucional” que amerita habilitar la feria.
El amparo colectivo ahora está a cargo del juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico, que es el magistrado de primera instancia durante la feria de enero y quien tendrá que resolver el pedido.
Entre las varias causas iniciadas contra el DNU en la que se pide su inconstitucionalidad ya hay dos en las que se habilitó la feria, además de la de la CGT. Una se trata de un amparo iniciado en la provincia de San Juan y el segundo en la justicia federal de Lomas de Zamora. En ese expediente, el juez federal Juan Pablo Auge habilitó la feria, pero dispuso que su causa pase a integrar el amparo colectivo que se inició en el fuero contencioso administrativo federal y que está recibiendo varias de las causas.
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que intervendrá en la causa que recibió recién en febrero, con el regreso de la actividad judicial. Es en la causa que inició el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, contra el DNU y en la que pidió que se habilite la feria judicial.
