El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) alzó la voz contra la propuesta el “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, específicamente en lo que respecta a la Sección VI que aborda los derechos de exportación. Este capítulo, que contempla aumentos en los gravámenes, generó profunda preocupación en el sector.
En este contexto, el CAA, nucleamiento que representa a diversos sectores de la agroindustria, no solo expresó su rechazo, sino que también anunció su intención de alertar a los legisladores sobre las implicancias negativas de estas medidas. Asimismo, buscará influir en el proceso legislativo “para corregir y eliminar los incrementos de derechos de exportación propuestos en el proyecto de ley”, mediante el diálogo con legisladores.
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“Cabe destacar que estas medidas contradicen las promesas realizadas por el gobierno entrante durante la campaña electoral, donde se comprometió a eliminar la facultad del Poder Ejecutivo para imponer derechos de exportación”, señalaron. A su vez, el CAA señaló la importancia de mantener la coherencia entre las acciones del gobierno y sus compromisos públicos.
Además, en un claro desacuerdo con la dirección que toma el gobierno, explicaron que esta medida, lejos de promover la generación de empleo y estimular la producción y exportación, va en contra de los objetivos gubernamentales declarados.
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En ese sentido, el CAA reconoció la necesidad de lograr un equilibrio fiscal, pero subrayó que alcanzar este objetivo no debería traducirse en incrementar impuestos que impacten negativamente en economías regionales y en diversas cadenas de valor, como las relacionadas con la carne, pesca, complejo industrial de la soja y del trigo, entre otras. La entidad pidió reconsiderar estas medidas impositivas y buscar alternativas que no comprometan el desarrollo y la competitividad del sector agroindustrial argentino.
No obstante, el proyecto de ley incluye el aumento de retenciones en las exportaciones al 15%, pero con excepciones para ciertas actividades agropecuarias, como acordó previamente con las cuatro entidades de la mesa de enlace (CRA, SRA, FAA y Coninagro). La propuesta también confiere al Ejecutivo la capacidad de ajustar las alícuotas sin requerir la aprobación del parlamento hasta el término de su mandato, en busca de garantizar la sostenibilidad fiscal, aunque con un límite máximo del 15%.
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Asimismo, el proyecto plantea un aumento de la alícuota para derivados de la soja, como harina y aceite, al 33%, equiparándola así al poroto y eliminando el diferencial del 2% que beneficiaba a los productos industrializados. Según estimaciones, este incremento significará una recaudación adicional de alrededor de US$400 millones. Según explicaciones previas de Milei, esta medida busca compensar parcialmente el costo de eximir de retenciones a ciertos sectores específicos.
