En un balance anual, el secretario de Justicia, Luis María García Salado, informó el trabajo que realizaron los mediadores comunitarios distribuidos en los 53 centros comunitarios que funcionan en la provincia. Señaló que durante el año realizaron más de 12 mil audiencias de mediación y enfatizó en que lograron soluciones alternativas que beneficiaron a 47.500 salteños y salteñas que accedieron al servicio por diversas problemáticas.
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En un balance anual, el secretario de Justicia, Luis María García Salado, informó el trabajo que realizaron los mediadores comunitarios distribuidos en los 53 centros comunitarios que funcionan en la provincia. Señaló que durante el año realizaron más de 12 mil audiencias de mediación y enfatizó en que lograron soluciones alternativas que beneficiaron a 47.500 salteños y salteñas que accedieron al servicio por diversas problemáticas.
Respecto al asesoramiento jurídico gratuito que brinda la Secretaría informó que se trabajó en 36 localidades atendiendo las necesidades y consultas de 6715 personas, muchas de las cuales residen en lugares poco poblados y de difícil acceso.
En igual sentido, el secretario destacó que "Salta es pionera en la creación y funcionamiento del Programa de Coordinación de Parentalidad, que acompaña a familias que viven situaciones de conflictividad. En este contexto, indicó que se trabajó en la revinculación de más de 350 niñas, niños y adolescentes con sus familiares. La oficina de Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales junto a la Unidad Ejecutora Provincial participó en 16 mesas de trabajo logrando impulsar acuerdos entre titulares registrales y pequeños productores en 67 mil hectáreas. En cuanto al Programa de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos Graves el funcionario informó que desarrolló una importante tarea social y asistió en 2023 a más de 120 familias. Por medio del Programa se brinda contención psicológica y patrocinio legal gratuito a víctimas de delitos graves y habilita a constituirse como parte querellante en los procesos penales a víctimas y a sus familiares.
La Oficina de Atención Integral para Refugiados y Migrantes Forzados realizó distintas acciones para que se garanticen los derechos de las personas refugiadas. Además celebró convenios con Instituciones competentes para la asistencia integral de este sector de la población y generó espacios de conocimiento, contención, recursos y oportunidades en pos de la inclusión de personas migrantes y refugiadas.
Las áreas de formación realizaron este año capacitaciones a mediadores, policías, funcionarios municipales, provinciales, docentes, estudiantes y sectores afines a la justicia, beneficiando a más 10 mil personas. El período culminó con un encuentro Internacional de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos donde participaron la Unión Europea y más de 350 mediadores y mediadoras de todo el país.
