El mega DNU de Javier Milei, que entre las más de 300 reformas incluyó varias que involucran a leyes laborales, y la marcha atrás en la quita del Impuesto a las Ganancias aceleraron los tiempos de reacción de la Confederación General del Trabajo (CGT), que preveía mantener un tiempo de negociación con el Gobierno antes de salir a las calles. Este miércoles encabezará una movilización a Tribunales para entregar un amparo ante la Justicia y un pedido para que declare inconstitucional el decreto.
Para el jueves, convocó a la confederal “para poner fecha al paro general”, había confirmado Pablo Moyano, líder de Camioneros e integrante del triunvirato de la central obrera. Sin embargo, algunos gremios de peso prefieren esperar a la resolución judicial e ir monitoreando el humor social para que las medidas de fuerza vayan de menor a mayor.
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La movilización será también un desafío al protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “La CGT se hubiera quejado por cualquier cosa porque lo único que defiende son sus intereses”, les retrucó la funcionaria.
La CGT, entre el diálogo y la presión de las bases
Uno de los que se mostró siempre dispuesto al diálogo es Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra. “Desde la CGT el tema tiene que manejarse con sintonía fina, debemos analizar todo con constitucionalistas y trabajar en dos aspectos: movilización y actuar dentro de la sincronización con el marco jurídico y en respeto del valor republicano”, dijo a TN.
Martínez cree que es necesario hacer algunas reformas laborales, pero que todas deben iniciarse con un período de negociaciones, porque incluirían modificaciones de leyes o de estatutos. Una de las incorporaciones que no está contemplada actualmente es la industria del software y plantea que debe modernizarse la ley para abarcar esas actividades.
La postura dura de Moyano y la dialoguista de Martínez conviven dentro de una central obrera presionada por las bases sindicales y por quienes salieron a las calles a protestar contra el megadecreto presidencial. También las organizaciones sociales y los partidos de izquierda fuerzan para que convoque a un paro general.
De hecho, a la movilización de este miércoles se sumarán la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T) y la Autónoma (CTA-A); la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); Unidad Piquetera y Barrios de Pie, entre otras organizaciones que no suelen marchar juntos y que unió el rechazo al decreto presidencial.
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“Todos vamos a estar marchando juntos en este plan de acción que iniciamos”, dijo el secretario general de la CTA-T, Hugo Yasky. Y agregó: “Que no se asombren ni pregunten ¿cómo, a tan poco tiempo de asumir el presidente hay protestas? ¿Qué se pensaban que podía haber? Si lo primero que hacen es un DNU que anula 300 leyes que son el compendio de los avances del movimiento social en la Argentina”.
En la previa, la CGT y las dos CTA hicieron una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pidiendo la “intervención con carácter de urgente” de su director General y “la remisión de la denuncia por violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación”.
El jueves, además de la confederal de la CGT, habrá asambleas y plenarios en todas las centrales de trabajadores y en las organizaciones sindicales para debatir si escalarán en el plan de lucha con la convocatoria a un paro general antes de cumplirse un mes de mandato de Milei o si lanzarán otras medidas de fuerza antes.
