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En un contexto de reformas laborales y pérdida del poder adquisitivo, el Gobierno de Javier Milei adelantó que habrá convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El secretario de la cartera laboral, Omar Yasín, confirmó esta medida y afirmó: "Vamos a convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, posiblemente los primeros días de enero".
Esta convocatoria se produce en medio de un amplio debate sobre un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce cambios en la legislación laboral. El DNU, que ha sido objeto de críticas por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), varios sindicatos y asociaciones de abogados laboralistas, incluye la modificación de 26 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y una restricción del derecho a huelga.
En defensa de estas medidas, Yasín argumentó: "El contenido del capítulo laboral tiene por objeto la generación de empleo, generar un estado de certidumbre y previsibilidad para el empleador y trabajador para motivar la generación de más fuentes laborales".
Entre los cambios más destacados se encuentra la ampliación del período de prueba de empleo y la exclusión de ciertos vínculos de la Ley de Contrato de Trabajo. Sobre el tema de las indemnizaciones y multas por empleados no registrados, el secretario indicó en declaraciones a Clarín que "las multas no hacen previsible la relación laboral para los empleadores".
"No tuvo el resultado esperado porque el empleo informal sigue creciendo", precisó. Respecto a la limitación del derecho de huelga, Yasín aclaró: "El derecho de huelga no se modifica. Se mantiene el derecho constitucional de huelga. Lo que se hace es preservar a la población de los efectos de una medida de fuerza".
Esta postura busca garantizar servicios mínimos en sectores esenciales, como transporte y salud. La CGT y otros grupos han manifestado su preocupación y no descartan la posibilidad de acciones de protesta. A pesar de estas reacciones, Yasín sostuvo que las medidas buscan mejorar el mercado laboral: "Entendemos que no son justificadas las reacciones de la CGT ya que se está haciendo uso de una herramienta constitucional, que es el DNU".
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra la Confederación General del Trabajo (CGT) luego de que la central obrera convocara a movilizar el próximo miércoles 27 de diciembre en repudio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)que impulsó el Gobierno.
En la mesa de Mirtha Legrand, a la que acudió en compañía del presidente Javier Milei, la ex titular del PRO remarcó que "la degradación moral en Argentina tiene un capítulo económico y también tiene un capítulo moral". Para Bullrich, las medidas de "desregulación" económica y las reformas estructurales en las que avanza el fundador de La Libertad Avanza implicarán escenarios de conflictividad social.
La funcionaria planteó además que la cúpula de la CGT tuvo "cuatro años y no hicieron nada", e ironizó: "¿A quién representa? se representan a ellos porque los trabajadores, los cuentapropista todos fueron votantes del presidente, de Javier Milei. Todos esos trabajadores quieren vivir en libertad".
"La CGT se hubiera quejado por cualquier cosa porque lo único que defiende son sus intereses", agregó. Asimismo, destacó la primera aplicación del Protocolo de Mantenimiento del Orden Público, que anunció desde su cartera, en el marco de la movilización aniversario por el 20 de diciembre de 2001 organizada por la Unidad Piquetera.
"No había chicos porque fue muy importante el trabajo previo", resaltó. En la misma línea, explicó: "Trabajábamos diciéndole a la gente que si se quedaba en su casa iba a seguir teniendo el plan Potenciar, si iba a la marcha y cortaban las calles lo iban a perder. No se puede usar los impuestos de la gente para pedir que la gente haga su vida".
Por último, aseguró que los cacerolazos surgidos a raíz del DNU publicado en el Boletín Oficial estuvieron "pre armados" y reiteró el concepto expuesto por el mandatario acerca de que la sociedad que protesta padece "el síndrome de Estocolmo".
"Si hay gente con síndrome de Estocolmo, no es una conducta normal. Se hubieran quejado de cualquier cosa. Usan [por el peronismo] a la gente como escudo de sus privilegios", puntualizó al tiempo que precisó que fueron "50 mil personas contra 46 millones".
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