En el marco de un amparo que se interpuso por la contaminación del río Arenales, el juez Ignacio Colombo ordenó a la Provincia instalar un cordón sanitario preventivo, obligación que fue ampliada también al municipio capitalino.
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En el marco de un amparo que se interpuso por la contaminación del río Arenales, el juez Ignacio Colombo ordenó a la Provincia instalar un cordón sanitario preventivo, obligación que fue ampliada también al municipio capitalino.
La Provincia y la Municipalidad de Salta deberán establecer de manera conjunta una demarcación y la vigilancia sanitaria a fin de verificar el cese de las captaciones de aguas contaminadas con efluentes del sistema cloacal que productores ribereños destinan actualmente al riego de sembradíos.
Además, el municipio tendrá que colocar "letreros indicativos de fácil lectura en todos los lugares de acceso público a lo largo del trayecto del río que cruza la ciudad de Salta, sumados a los ya existentes". La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos municipal deberá, entre otras imposiciones, realizar desmalezados y despejar obstáculos para evitar zonas de aguas quietas en el curso.
La empresa Aguas del Norte (Cosaysa) deberá desarrollar "una amplia campaña de difusión para prevenir el uso o utilización del Río Arenales, debido a la contaminación existente, por cualquier medio de difusión masiva". Deberá, asimismo, "cesar de manera inmediata con el vertido de fluidos cloacales sin tratamiento adecuado en el Río Arenales", y presentar "un plan de contingencia urgente para suprimir o disminuir el vuelco de fluidos cloacales sin tratamiento adecuado". El plan deberá contemplar "plazos de ejecución razonables y próximos en atención a la situación de alerta epidemiológica informada públicamente".
El Ministerio de Salud de la Provincia, a su vez, deberá "informar si existe un estudio del Conicet respecto de muestreos relacionados a la contaminación del Río Arenales" y, en caso afirmativo, presentarlo a la Justicia.
Allanaron una finca
Un equipo de la Unidad Especial de Investigaciones del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) allanó el pasado viernes una finca de La Pedrera donde se regaban plantaciones de hortalizas con aguas del río Arenales. La medida había sido requerida por el fiscal penal 5, Federico Jovanovics, quién integra la Unidad Fiscal Ambiental, al Juzgado de Garantías 7. En el lugar, los ingenieros Leonor Barrenechea y Joel Medina, del Laboratorio del CIF, levantaron muestras de lechuga, brócoli, zanahoria, perejil y otros vegetales para verificar la presencia de virus, bacterias o parásitos provenientes de las aguas contaminadas.
Días antes el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, había recibido del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) un informe que dio cuenta de la existencia de una toma de agua clandestina en la margen izquierda del Río Arenales, cerca de la Planta Depuradora Sur. Inspectores del Ente verificaron que esa toma, utilizada para el riego de hortalizas, carecía de autorización y representaba serios riesgos.
