Con el megadecreto publicado a primera hora del jueves, el Gobierno de Javier Milei comenzó a preparar el terreno para privatizar a buena parte de las empresas del Estado nacional. En particular, la actual gestión tiene en la mira una serie de compañías estatales que presentan un fuerte déficit y que año a año reciben miles de millones para su funcionamiento.
Una de las ideas de Javier Milei para desprenderse de las empresas estatales es que pasen a manos de sus empleados, algo que ya había comentado en plena campaña al referirse a Aerolíneas Argentinas. De hecho, el DNU habilita a que la línea de bandera nacional transfiera de manera total o parcial sus acciones a sus empleados, una medida que genera fuerte rechazo entre los trabajadores de la compañía.
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En este sentido, y ante la posibilidad de que esta propuesta libertaria se trabe ante el rechazo de los propios trabajadores de estas firmas estatales, Milei apela a la “cláusula antiboicot”, una herramienta que forma parte del Programa de Propiedad Participada y que establece que si el Presidente decide avanzar con la entrega de la compañía a sus empleados solo basta con que uno de estos la quiera. “Se la damos”, dijo el Presidente el miércoles en diálogo con radio Rivadavia.
Qué es “la cláusula antiboicot” de Milei: la llave para que las empresas del Estado pasen a sus empleados
Los Programas de Propiedad Participada fueron creados por la Ley N° 23.696 (capítulo III) como un modo específico para la adquisición, por parte de los empleados, de un porcentaje del capital accionario de las empresas privatizadas, mediante un contrato de adhesión y en forma voluntaria.
“No se necesita unanimidad de los empleados”, señaló un importante funcionario del Gobierno de Milei a este medio al intentar explicar cómo funciona esta cláusula. En otras palabras, si un trabajador o grupo de empleados acepta el traspaso del paquete accionario, la compañía pasa a manos de estas personas. “Si el resto no quiere puede renunciar, se lo despedirá o mantendrá su puesto de trabajo”, agregaron.
La cláusula anti boicot del Gobierno busca entonces resultar un puente para saltear posibles objeciones de los grupos de trabajadores que ya advirtieron que no podrán mantener los costos de las rutas menos rentables como aquellas que unen provincias poco turísticas. El DNU de Milei deroga un artículo en el que deja en claro que el Estado no tiene obligación de cubrir esos baches fiscales.
Al entregar las empresas públicas a sus empleados, en La Libertad Avanzan aseguran que se desarmará una estructura de déficit fiscal de un punto del Producto Bruto Interno. Para comenzar a trabajar en este plan en el decreto se estableció que todas las firmas y sociedades del Estado pasarán a ser sociedades anónimas. El propio jefe de Estado dijo que es un “paso previo” a su privatización.
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El Gobierno tiene en la mira 33 empresas del Estado que necesitan asistencia para funcionar
Es que además de Aerolíneas Argentinas están en la mira otras 32 empresas del Estado que año a año requieren miles de millones de pesos para su funcionamiento. El listado es extenso y contempla, entre otras, la Administración General de Puertos; AYSA; Fábrica de Aviones de Córdoba; Yacimientos Carboníferos Fiscales; Casa de la Moneda; Radio y Televisión Argentina, entre otros.
Según pudo saber TN de fuentes oficiales, estas compañías “demandaron una asistencia en todo el 2023 de unos 5900 millones de dólares” -precisaron las fuentes-, una caja que el Gobierno de Milei quiere recortar y por ese motivo apunta al traspaso de las acciones de estas firmas a sus empleados.
La propuesta libertaria abre preguntas sobre el futuro de estas compañías en caso de que sus empleados no logren cubrir sus déficits. El camino planteará entonces dos salidas: la venta de estas compañías al sector privado o su quiebra total. Todavía no está claro cómo será el proceso de tasación de una empresa. Se especula con que pueda intervenir el Tribunal de Tasación de la Nación.
