
La Argentina y la OCDE
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Hace dos semanas, la canciller Diana Mondino anticipó que la Argentina no se sumará al bloque de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), al que fue invitada luego de las gestiones del expresidente Alberto Fernández, argumentando que no estamos en condiciones de realizar el aporte de capital que se solicita. Días atrás, anunció que firmará la carta de invitación para el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Será el paso preliminar para formar parte de la organización que reúne a los 38 países que originan el 75% de la Inversión Extranjera Directa.
La OCDE no es una entidad de desarrollo o intergubernamental en su estricto sentido, ni ofrece recursos ni presupone adhesión a tratados especiales. Ante todo, su objetivo es asegurar que sus integrantes propendan a crear y mantener buenas prácticas de gobierno en campos como las relaciones laborales, el ambiente, los impuestos, la educación y el combate al contrabando.
Para convertirse en miembro, la OCDE establece una hoja de ruta y realiza un examen técnico para evaluar las políticas del país en comparación con las mejores prácticas de la entidad. Contar con la membresía obliga a los gobiernos a estandarizar políticas de transparencia y fortalecimiento institucional. Sumarse a ella no solo es ponderado como una manera de aumentar la eficiencia en la gestión pública, sino que también es percibido como una plataforma de inserción internacional que otorga a los países periféricos una suerte de sello de “país confiable” de cara a los mercados y el sistema financiero internacional.
La relación de la Argentina con la OCDE lleva casi 40 años, pero se profundizó desde 1995, bajo el gobierno de Carlos Menem, cuando el país pasó a integrar seis de sus comités. Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner el país siguió participando en algunos comités, aunque sostuvo una postura de distanciamiento, dado que la política exterior de entonces era reticente a participar en instancias que pudieran suponer un condicionamiento por parte de las potencias del norte.
Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, el escenario cambió significativamente: bajo un prisma aperturista, se proclamó una vuelta al mundo y se estableció una relación más próxima con el organismo multilateral, hasta candidatearse para llegar a ser Estado parte. Pero las negociaciones se congelaron tras la asunción de Alberto Fernández.
Integrar ese grupo implica el desafío de adaptarse a exigencias institucionales, regulatorias y económicas, además de cumplir con los estándares de transparencia y anticorrupción de la organización internacional. Ello acrecentará la confianza en el país, la atracción de inversiones extranjeras y el fortalecimiento de los lazos de cooperación en distintas áreas con otros países miembros, estimulando el tan necesario crecimiento económico, indispensable para la creación de trabajo y la reducción de los altos índices de pobreza.

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