El Parlamento francés aprueba una controvertida ley de inmigración y desata una fuerte crisis política para Macron
El texto contiene varios postulados de la extrema derecha liderada por Le Pen, y Macron señaló que la norma es “útil”; hubo renuncias en el gabinete
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LA NACIONLuisa Corradini
PARÍS.– Francia está sumergida en una aguda crisis política, después de que 32 departamentos dirigidos por la izquierda anunciaron su negativa a aplicar la ley de inmigración aprobada ayer por las dos Cámaras del Parlamento, con el apoyo masivo de la extrema derecha. Decidido a hacer adoptar esa prometida ley, el presidente Emmanuel Macron multiplicó las concesiones a la Reunión Nacional (RN) de Marine Le Pen, proponiendo un texto en el cual algunas medidas ponen en tela de juicio ciertos principios fundamentales de la república, como la igualdad de derechos sociales o el ius solis (derecho de suelo).
“Una ley inspirada por la extrema derecha, votada en medio del desorden general bajo la presión de un Ejecutivo que pretendía encarnar la moderación”, condenó el prestigioso vespertino Le Monde en su columna editorial.
A su juicio, en los últimos 40 años, raramente algún gobierno había manifestado un compromiso semejante con “las fuerzas que prosperan designando al extranjero como chivo expiatorio”.
“Nunca un Ejecutivo había aceptado un proyecto de ley de inmigración concebido con la intención de atraer tanto a la izquierda como a la derecha, y que termine siendo un catálogo digno de un panfleto de RN. Incluso sin que esta haya estado asociada, excepto para la votación final. Jamás un gobierno –y también el país– había estado hasta ese punto a merced de la extrema derecha de la RN”, agrega Le Monde.
En efecto, el proyecto original, apoyado por la mayoría de los franceses, reunía una serie de disposiciones más o menos represivas o restrictivas, destinadas a facilitar las expulsiones, acelerar las decisiones de asilo o exigir un nivel mínimo de conocimiento del francés para obtener un permiso de residencia.
También contenía una medida inédita: un derecho de regularización para aquellos indocumentados que trabajan en áreas en tensión, como la gastronomía, la agricultura o la construcción.
Pero el inesperado y brutal rechazo de los diputados de todas las oposiciones coaligadas, el 11 de diciembre, fue agravado por la acción de una Comisión Mixta Parlamentaria (CMP) propuesta por el gobierno para seguir adelante, donde la derecha conservadora fue encargada de hallar un compromiso.
Esa gestión concluyó en una serie de dispositivos copiados por los exgaullistas de Los Republicanos del programa de Marine Le Pen, aceptados con complacencia por el gobierno e incorporados al texto de ley.
Por ejemplo, la restricción a las prestaciones sociales para los extranjeros en situación regular, el fin de la adquisición de la nacionalidad de pleno derecho para los hijos de extranjeros nacidos en Francia, pero también la exclusión de los indocumentados de los alojamientos de emergencia y la promesa de una reforma de la llamada Ayuda Médica del Estado (AME), dispositivo que da acceso a la atención médica de urgencia a los extranjeros en situación irregular.
La trampa
Atrapado entre su voluntad de lograr a cualquier precio hacer adoptar la ley y las maniobras de Los Republicanos –ellos mismos tratando de existir frente a la Reunión Nacional–, el gobierno cedió todo: los valores que intenta defender, la coherencia de su acción y la unidad de su propia mayoría, que estalló en pedazos cuando Marine Le Pen, cerrando la trampa, anunció que votaría en favor del proyecto de ley.
El debate y la aprobación de esta ley dejarán, en efecto, graves secuelas políticas en el “macronismo”: casi un cuarto de sus diputados se refugió en la abstención o votó en contra. Mientras que varios ministros, entre ellos el de Salud Pública, Aurelién Rousseau, decidieron renunciar.
“Ese texto viola los principios de nuestra República”, se alarmó Claire Hédon, defensora pública de los derechos, señalando en particular “la consagración de la preferencia nacional”.
No fue la única. Decenas de asociaciones y sindicatos denunciaron la ley, mientras todas las comunas francesas dirigidas por la izquierda anunciaron su intención de no aplicarla.
En plena tempestad, interrogado anoche por televisión, Macron asumió “un texto útil” que describió repetidas veces como “el escudo de protección que nos faltaba”.
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