El continente americano vive una crisis migratoria sin precedentes, con cientos de miles de migrantes que en su camino hacia el norte deben enfrentarse a la extorsión, violaciones y robos, para toparse al llegar a la frontera sur de Estados Unidos con la incertidumbre de no saber si podrán llegar a su destino, paralizados ante el aumento de las restricciones. En Sudamérica, todas las rutas migratorias pasan por la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá. La travesía comienza en el golfo del Urabá, en el noroeste colombiano, que ha sido históricamente controlado por grupos armados y donde la presencia del Estado colombiano es nula.
La migración por esta selva desde 2019 empezó a tomar fuerza con sucesivos récords hasta los más de 500.000 migrantes registrados en 2023, según datos de las autoridades panameñas. El fenómeno migratorio reporta cifras millonarias -hay informes que hablan de 57 millones de dólares anuales- a los grupos criminales que cobran a los migrantes unos 200 dólares para garantizarles el paso seguro por el Darién.
El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) da cuenta de 42 muertes o desapariciones en el Darién hasta principios de diciembre, aunque otros datos son superiores. El año pasado el número ascendió hasta 141.
Organizaciones internacionales ofrecen a los viajeros asistencia sanitaria y alimentación en estos centros, en un operativo único en el continente que ha costado al Estado al menos 70 millones de dólares. Por Honduras a diario más de 500 nacionales pasan por ahí, mientras medio millón de migrantes lo han atravesado ya en lo que va de año, en su mayoría venezolanos, pero también ecuatorianos, haitianos, o ciudadanos de África o Asia
La última frontera
La última de estas fronteras está en el norte de México. Ciudad Juárez es uno de los puntos neurálgicos. El padre Francisco Bueno Guillén, director de la Casa del Migrante, asegura que este fue un año récord en migración: unas 100.000 personas.
Estados Unidos intenta detener el flujo migratorio, pero sin éxito. Tras suspender en mayo el Título 42, una polémica medida permitía expulsar en caliente a migrantes indocumentados sin posibilidad de pedir asilo, el Gobierno de Joe Biden restringió el acceso al asilo y lo canalizó a través de la aplicación CBP One, amenazó con deportar a quienes crucen de manera irregular y echó a andar una estrategia de política exterior para intentar que otros países de la región, como Colombia, Panamá o México, hagan de tapón para el movimiento de migrantes. Sin embargo, la realidad se impuso. Estados Unidos no tiene "la capacidad institucional ni los recursos” para deportar o detener a a gran cantidad de personas que buscan el sueño americano, explicó Aiel Ruiz, analista del Migration Policy Institute, con sede en Washington.
Por Agencia EFE