
Juramentos o piruetas
En tiempos de juramentos, vemos cómo se ha ido banalizando la única exigencia moral y pública que se les pide a los políticos. Juran por igual, por la Constitución o la Patria, por personas, objetivos políticos o eslóganes. La jura a sus cargos por diputados, senadores, ministros y muchos funcionarios, se ha convertido en menos que una mera formalidad burocrática. Se ha vuelto más una escena teatral, digna de flashes y risas, que la expresión del compromiso solemne con la responsabilidad que dimana de las funciones asumidas.
Lo inverosímil de algunos juramentos pasados, es digno de recopilación: “por echar al FMI de Argentina…”; “por les trabajadores de la Salud... por la docencia... por les jubilades... por la absolución [de dos militantes]”; “por la revolución de los oprimidos”; “…por no más presos por plantar [marihuana]”; “por los 30 mil detenidos desparecidos…”, “porque la crisis la paguen los capitalistas”; “por Néstor”, “por Cristina”, “por el General Perón, por la gloriosa CGT y la justicia social”, “por la gloriosa JP, por Juan Perón, por Eva Perón, por Néstor Kirchner, lealtad absoluta a Cristina, viva la Santa Federación, gracias Diego”; etc.
A tal punto llegó el descalabro institucional que, en un intento por encauzar la psicodelia juramentista (de lo que vale rescatar la intención), el propio respeto a la fórmula misma fue digno de juramento: “Porque respetemos de una vez y demos el ejemplo respetando la Constitución, las leyes y la fórmula de juramento establecida por el reglamento interno”.
Algunas cosas para decir.
Aquellas piruetas verbales, sin importar si pueden ser dignas de elogio o no, se dan de patadas con la Constitución y los reglamentos –por caso– de la Cámara de Diputados y de Senadores, que prevén expresamente varias fórmulas para jurar (sin decir por quién; hacerlo por Dios, por la Patria y los Santos Evangelios; por Dios y la Patria; o sólo por ésta), afortunadamente siempre con la promesa de “desempeñar fielmente el cargo” y “obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional”, lo que de manera circular dirige al respeto a los reglamentos que no se respetan.
Esa inobservancia material (puede que formalmente el interesado sí haya elegido una fórmula legal, que luego omite, altera o modifica al momento de prestar efectivamente el juramento) implica, lisa y llanamente, que –en el caso de los legisladores– la persona electa no adquiera legalmente el carácter de diputado o senador en ejercicio.
El que jura, por definición, pone de testigo a Dios, frente a una afirmación o negación. De ello se sigue que los agnósticos ya evidencian un contrasentido si lo hacen: si no creen en Dios, ponen de testigo –desde su punto de vista– a la nada misma. Bien valdría habilitar la posibilidad, para quien así lo desee y se sienta más representado, de expresar la promesa o el compromiso indeclinable de fidelidad al cargo y a la Constitución.
Como se aprecia, la cuestión del juramento no es baladí. Jurar por alguien o algo que, en definitiva, se anteponga a la ligazón con el respeto a la Constitución, opera como una cortina ética que trastoca el sentido mismo del juramento, pero –y esto es grave– acondiciona el espíritu para “superar” los eventuales pruritos morales y cualquier freno inhibitorio que limite la actuación en el sentido político que pueda exigir esa persona o cosa por la que se juró, sobre todo cuando esto último puede significar el incumplimiento de la ley o, incluso, la comisión de delitos.
Esa declaración solemne de fidelidad y subordinación que se autoimpone la persona puede operar negativamente “hacia afuera” cuando el respeto al juramento puede suponer la violación de la ley, y “desde adentro” si funciona como autoengaño para creer que se “hace lo correcto” (respetar el juramento) cuando en realidad se hace lo contrario (violar las leyes).
Retomemos, entonces, el sano carril del juramento “clásico” y la promesa o el compromiso indeclinable de fidelidad al cargo y a la Constitución, porque eso, si se cumple con honestidad, enaltecerá los valores indelebles que nos conducen hacia el bien común inclusivo de toda la sociedad, sin sesgos ideológicos, políticos o partidarios, que comprometen seriamente la unidad nacional.

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