Bullrich, contra los cortes: anunció el protocolo anti-piquetes

El Gobierno Javier Milei establecerá “consecuencias” para las protestas callejeras tras el severo ajuste económico, cuyas primeras medidas se conocieron el 12 de diciembre, apenas dos días después de su investidura como presidente.

“Si se toma la calle, va a haber consecuencias” fue la contundente frase pronunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la rueda de prensa en la que difundió el nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación.

Con ese protocolo, el Gobierno advirtió de que las cuatro fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) no permitirán cortes de calles y carreteras ni bloqueos a empresas como forma de protesta social o sindical.

Fuertes sanciones a “complices”

Entre las medidas anunciadas, están las sanciones severas para quienes hagan, organicen, instiguen o sean “cómplices” de cortes; el registro de organizaciones implicadas; la prohibición de ir con el rostro tapado o llevar niños a las marchas; y la notificación a la Dirección de Migraciones si los participantes son extranjeros con residencial temporal.

Pese a que la que fuera ministra de Seguridad en el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) fue candidata presidencial de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha) y llegó al gabinete de Milei tras apoyarlo cuando quedó fuera del balotaje del 19 de noviembre, la seguridad es uno de los asuntos en los que siempre estuvo más cerca de las posturas de La Libertad Avanza. Palabras como “orden” y “coraje” fueron el eje en la campaña de Bullrich junto al hoy ministro de Defensa, Luis Petri.

“Sin orden no hay libertad. Y, sin libertad, no hay progreso”, afirmó Bullrich, quien advirtió de que quedaba derogado el “protocolo garantista de Nilda Garré”, en alusión a la exministra de Defensa (2005-2010) y de Seguridad (2010-2013) con Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

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Con esto se refirió a una resolución de Garré de 2011, que aspiró a resolver conflictos sin “daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación”. Para ello, prohibió que los agentes porten armas de fuego, restringió el uso de porras de goma y obligó a que los uniformados estén identificados.

Los cortes de calles son una estampa habitual en las calles , fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires por la concentración de poder del Estado. Según la consultora Diagnóstico Político, de todos modos, noviembre registró el segundo número más bajo de piquetes de 2023, con 568 -después de enero, con 356- frente al pico de 882 en agosto.

Puntos clave

La Ministra anticipó que no se tolerará la quema de gomas ni ningún otro tipo de desmán y que habrá consecuencias para quienes lleven niños a las manifestaciones.

Durante una conferencia de prensa que brindó ayer en la sede del ministerio de Seguridad de la Nación, la funcionaria dijo también que los costos de los operativos se cobrarán a aquellas organizaciones que se hayan manifestado y tengan personería jurídica.

Bullrich advirtió que manifestarse no está prohibido pero sí lo está impedir la libre circulación de los ciudadanos, que es un derecho constitucional.

“Si se toma la calle va a haber consecuencias”, dijo Bullrich al presentar “un protocolo para el mantenimiento del orden público” que incluye la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

Y explicó que “las cuatro fuerzas federales” podrán intervenir “si hay un delito flagrante” durante las manifestaciones en la vía pública.

“Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, dijo Bullrich durante una presentación.

La funcionaria indicó que “si hay un delito flagrante” las fuerzas federales podrán intervenir “de manera inmediata” de acuerdo con “los códigos procesales vigentes” y que utilizarán “la mínima fuerza necesaria y suficiente”, la cual será “graduada en proporción a la resistencia” que se oponga. “Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal”, agregó.

Ese artículo establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

UNA DECISIÓN TOMADA

Bullrich remarcó que el gobierno tiene “una decisión tomada” de que “la forma de pedir o buscar un beneficio social” ya no es “por la vía del corte”.

“Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos”, añadió, y resaltó que “se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados”.

La funcionaria agregó que “se va a trabajar” en las estaciones de tren y ante aquellas personas que “vayan con palos, caras tapadas o formas de participar de una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad”.

“En el caso de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente y se procederá a dar sanciones aquellos que lleven niños para que no estén en las manifestaciones cuando tienen que estar en la escuela”, destacó.

También planteó que “se va a crear un registro de las organizaciones que participan” en cortes de la vía pública, y remarcó que “enviará la factura” a las organizaciones o individuos responsables por todos “los costos vinculados a los operativos de seguridad”.