Tal como lo anticipó en los últimos días, el presidente Javier Milei tiene entre sus prioridades la derogación de la Ley de Alquileres “para que se puedan cobrar en cualquier moneda”.
El Gobierno trabaja en un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con la desregulación de la economía. En rigor, el texto de 300 páginas con medidas que no requieren pasar por el Congreso incluye un apartado dedicado al mercado inmobiliario.
De acuerdo a lo que pudo saber este sitio, el plan del Gobierno es que las partes podrán pactar los contratos en cualquier moneda extranjera y se prohíbe expresamente a los jueces que conviertan el precio a pesos.
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“El DNU que se publicará entre mañana y el lunes, tiene una extensión y una profundidad sin precedentes y fue elaborado en el más absoluto silencio, durante varios meses, por un equipo liderado por Sturzenegger, con la ayuda de varios administrativistas y estudios jurídicos”, explicó el periodista de TN, Adrián Ventura.
El Decreto pretende transformar todos los aspectos económicos y aspira a convertirse en un nuevo pacto social. El gobierno sabe que tendrá un impacto económico muy profundo esta desregulación tan intensa, mayor que la del gobierno de Carlos Menem.
El principio general es que se desregula absolutamente toda la actividad económica y productiva, lo cual implica para la Argentina un cambio total de paradigma económico y social.
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Los detalles del decreto para desregularizar la economía
La desregulación que propone la gestión Milei supone la reducción o supresión de reglamentos específicos gubernamentales que pesan sobre los agentes económicos, incluyendo la eliminación de regulaciones que, según los preceptos libertarios, impiden el desarrollo del sector privado.
La iniciativa apunta a ponerle fin al control y regulación de precios de bienes de consumo, sin descuidar la defensa del consumidor; liberar las importaciones y que solo deban registrarse a los fines estadísticos; así como eliminar los cupos de exportaciones en distintas actividades, como la petrolera. En análisis, aparecen productos ligados a la canasta básica, como la carne, los lácteos y la harina, dada la crisis económica y social imperante.
Con el DNU, el Gobierno busca complementar las “reformas estructurales” que incluirá el envío al Congreso de una ley ómnibus con modificaciones en distintos aspectos económicos, como la derogación de la fórmula de movilidad jubilatoria -acompañada por un nuevo régimen- y la marcha atrás del pago de Ganancias.
