Opinión
Milei, el presidente que todavía no menciona la palabra corrupción
El nuevo mandatario todavía no ha contado qué pretende hacer con los organismos de control del Estado nacional.
12 de diciembre de 2023, 17:53
Entre las 3.265 palabras que usó el presidente Javier Milei en los 33 minutos que duró su discurso de asunción presidencial en las escalinatas del Congreso, no pronunció siquiera una vez el término “corrupción”.
Es una comprobación desconcertante, por más de un motivo.
Milei construyó su ascenso político supersónico de los dos últimos años, criticando los vicios, la deshonestidad y los gastos espurios de la casta, como él bautizó a la clase dirigencial argentina.
Es decir, Milei usó durante su campaña muchos sinónimos y expresiones para denunciar la corrupción en el manejo de los dineros del Estado.
Por eso llama poderosamente la atención que no haya incluido el tema en su discurso beligerante contra los gastos innecesarios y los dineros que se escapan como agua entre los dedos de un Estado nacional ineficiente.
Un silencio sorpresivo
Pero el tema es más serio todavía. No se trata solamente de que el presidente no abordó la temática en su discurso de asunción, lo que podría deberse a un olvido o a un intento de abreviar su alocución.
Es más grave que Milei, en los últimos meses, en plena campaña, no haya dedicado ni 10 minutos a hablar sobre lo que piensa hacer con los organismos de control con los que cuenta el Estado.
En todo el mundo, en cada país del planeta, la problemática de la corrupción es abordada de manera estructural.
No solamente se la ataca a partir de una concepción o de una postura de pensamiento, sino con toda una batería de herramientas e instituciones estatales específicas, con firmas de acuerdos internacionales, adaptaciones legislativas a las nuevas formas de las prácticas deshonestas, fortalecimiento de órganos investigativos y de fuerzas de seguridad, capacitación de los estamentos burocráticos, etcétera.
Sobre todas esas posibilidades, Milei ha mantenido un sorpresivo silencio.
Mientras el país espera con ansias cada día conocer los nombres de los funcionarios que terminarán de ocupar las casillas, existe un dilatado silencio sobre qué piensa hacer la administración de Milei con los principales organismos argentinos de control.
Es muy importante esto porque, en los últimos cuatro años, el gobierno kirchnerista de Cristina Fernández y de Alberto Fernández, cometió una seguidilla de irregularidades tratando de debilitar o desactivar organismos públicos de control como la Oficina Anticorrupción o la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de luchar contra el lavado de dinero, el crimen organizado y la corrupción.
En otras palabras, es imposible combatir la “casta” alrededor de la cual estructuró su discurso crítico Javier Milei, si se carece de una política integral y actualizada sobre la problemática de la corrupción.
La UIF en segundo plano
Esta ausencia evidente de política para el área se torna más preocupante frente a la decisión que acaba de tomar la nueva administración de subsumir a la UIF dentro del Ministerio de Justicia que comandará Mariano Cúneo Libarona.
El artículo 13 del decreto 8/23 con la nueva Ley de Ministerios, firmado por Milei al día siguiente de su asunción, el lunes 11 de diciembre, modificó la ley vigente 25.246 para que la UIF, que debe ser autónoma y manejarse con autarquía financiera, pase a ser parte de ese ministerio.
Durante el macrismo, la UIF fue pasada a la órbita del Ministerio de Hacienda, lo que también provocó críticas, ya que a nivel internacional se establece que este tipo de organismos debe ser independiente.
Esta decisión que acaba de tomar el gobierno de Milei le puede generar a la Argentina dificultades internacionales, ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el organismo que lucha contra el lavado de dinero en el mundo, tiene en observación al país desde hace largo tiempo.
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Esto le podría impedir a la Argentina firmar nuevos convenios de intercambio de información con otros países, o provocar la caída de convenios ya rubricados. Además, será una mancha para la banca nacional y para la reputación del país, desde el punto de vista de la integridad y transparencia del sistema financiero.
Esta situación ya fue conocida por Argentina entre los años 2011 y 2014, cuando el Gafi la terminó incluyendo en su lista gris de países que no ejecutan una lucha eficaz contra el lavado de dinero.
En el último ránking de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Argentina continuó muy mal ubicada: en el puesto 94, entre 180 países, y por debajo de varias naciones latinoamericanas.
Durante el gobierno de Alberto Fernández fue escandalosa la manera en que la UIF y la Oficina Anticorrupción fueron desactivadas.
Como ejemplo de esto vale mencionar que la UIF abandonó su rol de querellante en todas las causas penales en que intervenía, entre ellas, las causas Los Sauces y Hotesur en las que está involucrada la exvicepresidenta Cristina Fernández.
Como cereza del helado, la UIF terminó pidiendo la absolución de Cristina en la causa de la obra pública, en la que acabó condenada en 2022.
Si comparamos el discurso de asunción de Milei con los que pronunciaron el resto de los presidentes democráticos desde 1983, podemos ver que el nuevo presidente se sumó a Cristina Fernández de Kirchner y a Alberto Fernández, como los únicos mandatarios que no mencionaron jamás a la corrupción entre los temas que se disponían a abordar en sus mandatos.
Algo que muy pocos hubieran esperado de Milei.
