Una de las primeras decisiones del gobierno de Marcelo Orrego fue dada a conocer a menos de 24 horas de asumir: dejar sin efecto los nombramientos en planta permanente de los últimos 6 meses.

El mandatario dijo que unos 2.000 se hicieron en ese periodo y están fuera de la ley. Es más, dijo que al año esos nombramientos implican un gasto de $10.000 millones.

Y no se hizo esperar mucho la reacción gremial. Anoche, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) emitió un comunicado declarándose en "estado de alerta y movilizacion".

"Todos aquellos trabajadores que han ingresado a planta permanente en el gobierno provincial, en el marco de la leyes N° 2440 y N° 1116, deben continuar cumpliendo sus funciones hasta que tengan una notificación personal que le indique que deben dejar de concurrir a su trabajo. En caso de no concurrir a sus lugares de trabajo perderán su derecho para el ingreso", expresó.

Además, anunciaron que pedirán una reunión con Orrego "para intentar conseguir una solucion a este tema". 

Ayer Orrego fue consultado si no temía una embestida gremial y dijo que "la verdad es que no se han hecho (los pase a planta permanente) en tiempo y forma" y que "es muy clara la ley de responsabilidad fiscal, donde de manera taxativa establece que seis meses antes de la asunción de otro nuevo mandatario, se pueden generar nombramientos. Esto es muy claro, muy sencillo".