El Juicio a las Juntas Militares que habían gobernado la Argentina entre 1976 y 1983 fue un proceso judicial inédito en el país, que tuvo trascendencia internacional y fue ordenado por Raúl Alfonsín, primer presidente tras la restauración de la democracia.
inicia sesión o regístrate.
El Juicio a las Juntas Militares que habían gobernado la Argentina entre 1976 y 1983 fue un proceso judicial inédito en el país, que tuvo trascendencia internacional y fue ordenado por Raúl Alfonsín, primer presidente tras la restauración de la democracia.
Realizado en 1985, el juicio por delitos de lesa humanidad se llevó adelante contra los nueve miembros de las juntas militares que gobernaron el país durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
Uno de sus principales rasgos fue que lo realizó la Justicia civil ante la inacción de la Justicia Militar, en medio de un contexto de inestabilidad económica y la amenaza latente de un levantamiento de las FFAA, que aún contaban con una fuerte influencia.
El 15 de diciembre de 1983, sólo cinco días después de haber asumido, Alfonsín firmó el Decreto 158/83 que ordenaba impulsar el juicio, que se inició el 22 de abril de 1985, luego de que la Cámara Federal porteña, un tribunal civil, decidiera el 4 de octubre de 1984 tomar el juicio en sus manos por considerar un mal desempeño de la Justicia Militar que en primer término había sido la que tenía que llevar a cabo el juzgamiento de los militares, pero que hizo todo lo posible para evitar responsabilizar a sus pares por las graves violaciones a los derechos humanos que habían cometido.
Fue así que los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D´Alessio, miembros de la Cámara Federal porteña, llevaron adelante el juicio, mientras que Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo fueron los fiscales.
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó la audiencia pública en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de la Nación, proceso que duró 530 horas, en las que declararon 833 personas, entre familiares de las víctimas, exdetenidos desaparecidos, sobrevivientes y personal de las FFAA.
Por cuestiones prácticas, la innumerable cantidad de delitos (superaban los diez mil) se redujo a 709 casos presentados, de los cuales el tribunal decidió examinar 280.
Durante el proceso, quedó demostrado el plan sistemático de represión ilegal por parte de las juntas militares; la desaparición forzada; la privación ilegítima de la libertad; los interrogatorios bajo tortura, en muchos casos seguidos de muerte; los centros clandestinos de detención; el robo de bebés; y el ocultamiento de esas acciones. Estas prácticas ilegales sucedieron en todo el territorio nacional y también quedó clara la responsabilidad de los jerarcas militares.
Los testimonios fueron estremecedores. Sin embargo la influencia militar hizo que el juicio no se televisara y sólo se emitiera un resumen diario de tres minutos y sin audio en los noticieros.
En paralelo, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) –presidida por el escritor Ernesto Sábato–, se encargó de investigar las violaciones de derechos humanos, particularmente las desapariciones, ocurridas durante el mismo período. Las declaraciones y testimonios recogidos por la comisión se volcaron en un informe publicado en 1984, el histórico "Nunca Más".
El 9 de diciembre de 1985 fue el día del veredicto, en el que el tribunal consideró que las Juntas Militares habían elaborado un sistema represivo ilegal, que incluyó la comisión de "gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, la aplicación de tormentos y homicidios", garantizando su impunidad.
Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua; Roberto Eduardo Viola, a 17 años de prisión; Armando Lambruschini a ocho; y Orlando Ramón Agosti, a cuatro años y seis meses. Todas las penas incluyeron la destitución. Omar Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya fueron absueltos.
El fiscal Strassera cerró su alegato con la reconocida frase: "Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, Nunca Más".
Última ronda en dictadura
Cuatro décadas atrás, cuando el radical Raúl Alfonsín contaba las horas que restaban para asumir al frente de la Casa Rosada y el Gobierno militar tenía los minutos contados, las Madres de Plaza de Mayo realizaron su última ronda en dictadura, con un amplio respaldo en la calle y una marcha al Congreso.
El 8 de diciembre de 1983 fue jueves, día en que ese grupo de mujeres se reunía para dar vueltas alrededor de la Pirámide de Mayo para reclamar la aparición con vida de sus hijos desaparecidos por los grupos de tarea de la dictadura.
Con banderas, pancartas y fotos, las Madres hicieron la tradicional ronda, pero también avanzaron algunos metros hacia la Casa Rosada: frente al vallado policial montado sobre la entonces circulable calle Balcarce, ratificaron su reclamo.
"Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables", entonaron las mujeres que con blancos pañuelos en sus cabezas se convirtieron en símbolo de los derechos humanos y la lucha contra la dictadura.
Una de las líderes de ese grupo era Hebe de Bonafini, quien encabezó la protesta: "Es muy importante este último jueves de la dictadura que ensangrentó al país durante estos años y lo convirtió en un gran campo de concentración. Esta marcha, acompañada por miles y miles de personas y que empezó hace casi siete años con sólo catorce mujeres, ha alcanzado la concientización del país".
Pero no estuvieron sólo las Madres en aquella ocasión, sino que representantes de las juventudes de distintos espacios políticos se acercaron para expresar su apoyo, a 48 horas de la asunción de Alfonsín.
También hubo dirigentes políticos, como el docente y referente socialista Alfredo Bravo, quien reclamó "justicia, responsabilidad y castigo a los culpables. Esto no puede volver a repetirse en el país y hay que dar un ejemplo: un acto ejemplificador que sirva como punto de referencia para toda la marcha institucional del país. Los desaparecidos tienen que aparecer y hay que castigar a los culpables. Ésto es, en conclusión, el deseo de la gente en esta manifestación", añadió el fundador de CTERA, quien había sido secuestrado y torturado por la dictadura.
Unas 25 mil personas acompañaron a las Madres de Plaza de Mayo en su movilización desde la Casa Rosada hasta el Congreso, en lo que fue la "despedida" en las calles a los militares.
