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La Cámara Federal porteña falló en contra de la Vicepresidenta en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, donde se le imputaba el delito de lavado de activos
La Justicia revocó ayer el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner por supuesto lavado de dinero a pocos días de su salida del Gobierno. Con el voto mayoritario de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi -y la disidencia de su colega Eduardo Farah- la Cámara Federal porteña anuló el sobreseimiento de la exmandataria dispuesto en junio por el juez federal Sebastián Casanello y ordenó al magistrado que profundice la investigación en torno a la funcionaria.
La vicepresidenta, que fue condenada en 2022 a seis años de prisión por administración fraudulenta durante su mandato -sentencia que apeló- y además enfrenta otras investigaciones judiciales, quedará el 10 de diciembre sin fueros que la protejan de medidas judiciales como el pedido de detención.
La exmandataria rechazó la decisión judicial en su cuenta de X, antes Twitter. “Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. ¡Mamita!”, dijo Cristina sobre la revocación de su sobreseimiento, que fue solicitada por la asociación civil Bases Republicanas, afín el expresidente Mauricio Macri.
La vice acusó a su sucesor en el poder y uno de los referentes de la oposición de manejar a sectores judiciales que la tienen en la mira en diferentes pesquisas.
El sobreseimiento de la dirigente en el caso sobre lavado de dinero fue solicitado en mayo por el fiscal del caso Guillermo Marijuán con el aval de la Administración Federal de Ingresos Públicos -el ente recaudador de impuestos- y de la Unidad de Información Financiera (UIF) por entender que no existían pruebas en su contra en la causa en la que el empresario Lázaro Báez, allegado de la exmandataria, fue condenado a 10 años de prisión.
La investigación a Fernández Kirchner se originó durante el gobierno de Macri, cuando el fiscal Marijuán imputó a la entonces exmandataria a partir de la declaración como arrepentido de un financista que la involucró en supuestas maniobras de lavado y de la recomendación de la UIF de investigarla como la presunta dueña en las sombras del dinero de Báez, un empresario dedicado a la construcción de obras viales.
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Pero el mismo fiscal indicó unos meses atrás que no había conseguido pruebas que sustentaran la acusación y que los centenares de contactos entre Cristina y Báez incorporados a la causa no eran suficientes para determinar que la Vicepresidenta hubiera estado involucrada en una operación de lavado de capitales encabezada por el empresario.
La medida fue apelada por la asociación civil Bases Republicanas, afín a Macri, y aceptada en agosto como querellante por la Cámara Federal.
La relación con Báez le ha acarreado a la exmandataria varias causas en la Justicia, entre ellas la que derivó en su condena de prisión por beneficiar al empresario con unas 50 obras viales con fondos estatales durante su mandato.
En su mensaje en X Cristina cuestionando a la Justicia, criticó además que el máximo tribunal penal argentino confirmara la desvinculación de Macri y de varios miembros de la Agencia Federal de Inteligencia de la causa que investigó el presunto espionaje los familiares de los marinos muertos con el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017 (ver aparte).
“El dictamen aparece como una evaluación parcial y sesgada” indicaron los camaristas porteños que ordenaron que otra vez se investigue a Cristina, tras ser sobreseída en una primera instancia por Casanello.
Según el fallo, el fiscal no tuvo en cuenta las pruebas que sí expuso su par Diego Luciani en el juicio por presunto fraude en la obra pública en el que Cristina Kirchner terminó condenada a seis años de prisión.
“Siempre he sostenido que nunca una investigación puede prescindir de una mirada integral, desmembrada y desarticulada de los hechos y de las pruebas de los hechos”, plantearon los camaristas con reproches a Marijuán.
“Nunca se analizaron los distintos grados de participación criminal de la imputada para determinar los elementos de prueba que colocan a cada uno de los responsables en el peldaño de responsabilidad que les corresponde, limitándose solo a emparentar a Cristina Fernández de Kirchner con Lázaro Báez, pero sin precisar el rol que le habría cabido a cada uno durante todo el desarrollo del iter criminis y no solo frente a las exteriorizaciones visibles”, añadió el Tribunal.
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