Ni híper, ni Bonex, ni lápiz rojo: ordenamiento integral del Estado

El descalabro monetario de la Argentina es muy severo. Entre diciembre 2022 y octubre 2023, la tasa de inflación fue del 120%. El crecimiento de las Leliq y pases en el mismo período fue de 123%. El stock de Leliq y pases no crece en términos reales gracias a que la inflación es de cerca del 10% mensual, que es equivalente a la tasa de interés de política monetaria del 11% mensual, que es la tasa a la que crecen las Leliq y pases. Si las dos cosas van de la mano parecería que la situación es sostenible.

El tema es que la base monetaria, o sea, la cantidad de billetes que el Banco Central puede colocar en el mercado creció en el mismo período apenas 40%. Esto es porque la demanda de dinero líquido por parte de la gente (efectivo, cuentas corrientes y cajas de ahorro) creció apenas 90%.

La demanda de plazos fijos por parte del público creció apenas 70%. Es decir, tanto la oferta monetaria (base) como la demanda de liquidez y plazos fijos crecieron todos por debajo de la inflación. Esto implica que hay cada vez menos capacidad de emitir dinero sin generar más inflación.

No queda otra: más emisión

En este cóctel aparece que el Tesoro nacional tiene déficit fiscal, no tiene crédito público por lo que sólo le queda financiarse con más emisión monetaria.

Entonces, los pases y las Leliq aumentan la emisión por los intereses que generan, el Tesoro aumenta la emisión por el déficit que genera y la gente quiere cada vez menos pesos. A la tasa que crecen los pases y Leliq (11% mensual), se necesita que el piso de inflación sea de por lo menos 11%, para que el stock de Leliq y pases no crezca en términos reales. Si en noviembre y diciembre la tasa de inflación mensual es de 11%, el 2023 cierra con una inflación anual de 170%. Sobre esta inflación hay que computar la emisión que va a necesitar el Tesoro nacional para cerrar el año. Con esta dinámica, el escenario final termina en hiperinflación.

La alternativa sería reprogramar las plazos fijos, que sería cambiar las Leliq, que son pasivos del Banco Central, por títulos públicos en dólares del Tesoro ya que, en definitiva, el Tesoro es el que le generó el pasivo al Banco Central. Así, se terminan las Leliq y se sanearía el Banco Central. Esto sería un plan Bonex como el que se hizo a fines de 1989. No deja de tener altísimos costos económicos y sociales. Lo peor de todo es que no soluciona el problema.

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Si el Tesoro sigue generando déficit rápidamente le va a volver a generar pasivos al Banco Central. O sea, el Banco Central va a tener que volver a emitir Leliq y se repite el círculo vicioso con el costo de que los ahorros de la gente y el capital de trabajo de muchas empresas ya están reprogramados. Es imposible pensar que una economía puede entablar una senda de crecimiento en estas condiciones.

Por eso, la solución no es la resignación a la híper, ni intentar un plan Bonex.

Tampoco es tomar el lápiz rojo y empezar a tachar partidas presupuestarias del resto de los ministerios desde la Tesorería para ir al “déficit cero”. Porque el sector público está funcionando muy mal, entonces, no está dando buenos servicios regulatorios y públicos que generen las condiciones para el crecimiento.

La solución: ordenar

La solución pasa por el ordenamiento integral del Estado. Esto es, un ordenamiento tributario unificando impuestos nacionales, provinciales y municipales, eliminando la coparticipación y estableciendo que el Estado nacional se financia con sus impuestos (impuesto al comercio exterior, a la seguridad social y se podría estipular que todo el impuesto a las ganancias va a la Nación) y las provincias con sus municipios se financian con sus impuestos (IVA unificado con ingresos brutos y tasas municipales, y el impuesto inmobiliario y automotor unificado con bienes personales). Cada nivel de gobierno atiende su juego, con su plata.

Esto tiene que ser complementado, entonces, con un ordenamiento funcional que establezca claramente cuál es el juego que cada nivel de gobierno tiene que atender. El Estado nacional tiene que concentrarse en los funciones interprovinciales y cada provincia con sus municipios de las funciones sociales (salud, educación, asistencia social, seguridad y ambiente) y los servicios públicos (electricidad, agua y saneamiento y transporte).

Aquí surge la importancia que cada nivel atienda su juego. Esto es, que el Estado nacional deje de interferir en funciones provinciales y municipales y cada provincia con sus municipios rinda cuenta por la calidad de los servicios sociales y públicos que brinda a sus ciudadanos.

De esta forma, van a estar colocados los incentivos a que cada nivel de gobierno atienda su juego sin generar déficit y brindando buena calidad de servicios porque a los ciudadanos les va a quedar claro qué nivel de gobierno es el responsable de cada servicio del Estado.

Si se insiste por el camino de que el Estado nacional tiene que ayudar a las provincias con programas nacionales que interfieren en funciones provinciales de salud, educación, asistencia social, seguridad o ambiente, o que el Estado nacional tiene que financiarle funciones provinciales al AMBA, como distribución eléctrica, agua y saneamiento y el transporte público, el desequilibrio fiscal va a seguir.

Lo peor de todo es que la mala calidad de los servicios públicos también va a seguir. Porque los ciudadanos no pueden identificar al nivel de gobierno culpable de que las escuelas públicas funcionen mal, los hospitales no funcionen, el transporte público está destartalado y el estado de las rutas nacionales y provinciales sea deplorable.

Ni híper, ni Bonex, ni lápiz rojo: ordenamiento integral del Estado para la salir de la crisis.

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