A días del balotaje, La Libertad Avanza (LLA), el espacio que lleva como candidato a Javier Milei, presentó un reclamo en el que “personas en redes sociales” informaron “irregularidades”, durante las elecciones de octubre, que podrían ser calificados como fraude. En la denuncia, vincularon a la Gendarmería con esas maniobras y solicitaron custodia especial de las urnas, a lo que la jueza María Servini, con competencia electoral, ratificó que las fuerzas de seguridad ya intervienen en el operativo.
La presentación judicial fue realizada por Karina Milei y Santiago Viola, apoderados de LLA, donde denunciaron “trampa” y “fraude”. El escrito, enviado a la jueza María Servini, detalla una maniobra de supuesto fraude electoral en la que estaría involucrada la Gendarmería Nacional para “alterar los resultados” en las actas, en complicidad con jefes regionales y a cambio de dinero.
Sin embargo, a pesar de apuntar contra una de las fuerzas de seguridad nacionales, desde el espacio libertario no tuvieron en cuenta que las actas de escrutinio van en un bolsón precintado y las urnas salen fajadas de los lugares de votación, y en todo ese proceso interviene el Correo Argentino. Por lo tanto, manifestaron desde la Justicia Electoral, la Gendarmería sólo custodia el traslado.
El reclamo de LLA expresó que una vez cerradas las mesas de votación, a las 18, en las elecciones generales de octubre, la Gendarmería “cambia el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican (el resultado) en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral”. Afirman que actuarían en complicidad con los jefes regionales. Las denuncias que habría recibido LLA por este delito son anónimas. En el documento hablan de “una contraprestación de parte de los instigadores a quienes realicen esas prácticas”.
Es preciso aclarar que las actas no van dentro de la urna sino en un bolsín que el Correo Argentino sella delante del presidente de mesa. Allí se coloca el padrón, el acta de escrutinio, los votos recurridos e impugnados y las actas complementarias. El precinto es inviolable.
Por otro lado, en la urna va un certificado del escrutinio que lleva la firma de las autoridades de mesa, además de los sobres y boletas con votos válidos. Esa urna se cierra con una faja que cubre la ranura. La Gendarmería solo custodia, pero no toca los bolsines ni la urna. Además, el suplente asignado a la mesa tiene una copia del acta original, con lo cual el acta tiene con qué chequearse.
Según LLA, estas irregularidades se dieron en mesas porteñas, en la provincia de Buenos Aires, en Chaco, Tucumán, a las que señalaron en la denuncia como “las provincias más beneficiadas por el planes sociales”, sumado a Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Formosa y “seguramente en otras dos provincias”.
Si bien el espacio de Javier Milei pidió a la Justicia Electoral que refuerce los controles, aseguraron que “el transporte al centro de cómputos se realiza con la documentación y urnas falsificadas sin control de las autoridades y fiscales de mesa que no los acompañan”. Y ofrecen a sus fiscales para que custodien las urnas hasta el centro de cómputos. Solicitaron, además, que una vez que las urnas y los bolsines lleguen a las oficinas de correo, las habitaciones se “sellen” en presencia de los fiscales. Es decir: que se bloquen puertas y ventanas, “y cualquier otra abertura”. “Los fiscales podrán custodiar las puertas todo el tiempo que las urnas permanezcan en él”, suman. Algo más: quieren la intervención de la Fuerza Área Argentina y las Fuerzas Armadas.