Claudia Cesaroni estuvo entre las expositoras del encuentro nacional de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, que se hizo en Salta el jueves para debatir sobre la aplicación actual de la prisión perpetua en el país.
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Claudia Cesaroni estuvo entre las expositoras del encuentro nacional de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, que se hizo en Salta el jueves para debatir sobre la aplicación actual de la prisión perpetua en el país.
En diálogo con El Tribuno, la especialista, magister en criminología y docente universitaria con una larga trayectoria, habló de las reformas procesales que limitaron las salidas transitorias en los últimos años y opinó que el agravamiento de penas no resuelve problemas como los femicidios.
¿Por qué hoy se debate el tema de la prisión perpetua en Argentina?
Bueno, porque ha habido en los últimos años reformas regresivas en nuestro sistema de ejecución de las penas. Las penas prolongadas o de prisión perpetua se transformaron en inconstitucionales por crueles, por inhumanas y porque van en contra del objetivo de reinserción social.
Creo que el tema ha tomado cierta dimensión pública a partir de casos muy resonantes, como el juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa (el joven asesinado a golpes a la salida de un boliche de Pinamar por un grupo de rugbiers que fueron condenados a perpetua)
¿Cree que asumir que una persona no puede resocializarse es asumir el fracaso del sistema penitenciario?
Absolutamente. Una persona que tiene una pena de 20 o 25 años, teóricamente, a lo largo de ese tiempo debería tener alternativas educativas y laborales, además de tratamientos psicológicos que sirvan para que se reinserte. Puede que esa persona no las tome, pero decirle que tiene prisión perpetua hoy es decirle que nunca va a volver a vivir en la sociedad. Una persona que entra en la cárcel a los 25 años y tiene una pena de 50, nunca va a salir. Eso es igual a morir en vida.
Escuchar que puede salir de la cárcel el autor de crímenes emblemáticos, como Carlos Robledo Puch, apodado "el ángel de la muerte", asusta mucho a la sociedad.
Los medios de comunicación tienen un gran rol en explicar que toda persona tiene derecho, en algún momento, a regresar a su vida y que el Estado tiene la obligación constitucional de ayudar a que eso suceda. Nadie está diciendo que una persona que comete un delito grave vuelva a su casa al año o los dos años.
Un objetivo de máxima sería volver al Código Penal original, al que teníamos desde 1921. Establecía que una persona condenada a prisión perpetua, a los 20 años de encierro podía obtener su libertad condicional. Recién a los 15 años podía tener salidas transitorias. Pero ya había pasado 15 años sin pisar la calle. Es decir, era todo un proceso progresivo.
En el caso de los femicidios, ¿cree que haber agravado la pena modificó la realidad?
Todos sabemos que, lamentablemente, esa respuesta que suele darse cuando se cometen hechos graves o de mucho impacto, que es aumentar las penas o poner la prisión perpetua para un delito que antes no la tenía, no evita que sucedan nuevos hechos.
Desde que fue incorporada la figura de femicidio a nuestro Código Penal no se redujeron los femicidios.
En los últimos días sucedió algo tremendo. Un chico de 19 años golpeado a la salida de un boliche de La Matanza (Lautaro Diego Alvaredo) quedó con muerte cerebral. Cuando se condenó a los jóvenes agresores en el caso de Fernando Báez Sosa se dijo que era para evitar hechos similares. Lamentablemente no se evitan.
Insisto en pensar la pena como una oportunidad. No estamos hablando de salir en dos días, estamos hablando de 20 años.
Con respecto a lo que pasa en los boliches, podemos pensar en un sistema de contención, de concientización sobre el alcohol o las drogas… otras formas de evitar la violencia.
Cuando se dan casos como el de Micaela García, violada y asesinada por un hombre que tenía dos condenas por violación y estaba en libertad condicional, la idea de que los violadores reinciden se vuelve a instalar. ¿Es así o es el resultado del impacto que genera que pasen estas cosas?
Es importante hablar del caso de Micaela García, que dio lugar a la ley nacional por la que todos los funcionarios deben formarse en violencia de género.
Los autores de delitos contra la integridad sexual no son los que más reinciden, pero hay pocas estadísticas. En Buenos Aires, Sergio Delgado hizo un estudio en su juzgado hace unos años y el resultado fue que la reincidencia en casos de delitos contra la integridad sexual era de un 20 por ciento. Mucho menor que, por ejemplo, en los delitos contra la propiedad, que están asociados a la imposibilidad que tienen las personas que salen de la cárcel de conseguir un trabajo. Lo que pasa es que cuando los autores de delitos contra la integridad sexual reinciden violentamente, son casos tan tremendos que tienen mucho impacto. Pero la verdad es que todos los días están saliendo personas que cometieron esos delitos y no nos enteramos. No nos enteramos porque no reinciden.
En épocas de elecciones siempre hay sectores que plantean que se necesitan penas más duras y un sector importante de la sociedad se siente identificado con esa idea.
Son posiciones que no solo una fuerza política plantea, sino que, con mayor o menor dureza, todas.
Yo trato simplemente de explicar, por ejemplo, cuando se habla de la "puerta giratoria", que no es verdad. En los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de la población penal. En el país tenemos un número de detenidos cada 100.000 habitantes muy alto, uno de los más altos de América Latina. Supera los 220 detenidos cada 100.000 habitantes.
Tenemos a casi la mitad de la población penal privada de libertad sin estar condenada. La idea de que los detenidos entran por una puerta y salen la otra es falsa. Al contrario, muchas personas pasan mucho tiempo detenidas sin que sepamos si son culpables o inocentes. Es injusto también para la víctima o sus familiares, porque ellos quieren que el autor del delito esté preso, no que cualquiera esté preso.
En delitos de lesa humanidad, ¿también piensa que es excesiva la aplicación de la prisión perpetua?
La realidad es que los condenados por delitos de lesa humanidad no cumplen las penas de prisión perpetua que están actualmente vigentes, porque se les aplica el Código Penal que estaba vigente cuando ellos cometieron los delitos. Entonces, tienen penas menos gravosas que, por ejemplo, los condenados por el caso Báez Sosa.
No se puede aplicar retroactivamente el agravamiento de las penas. Entonces tenemos esa paradoja, muy tremenda. Los autores de delitos como secuestrar, torturar, asesinar, tirar desde un avión a una persona viva, aplicar picanas o robar niños pueden acceder a la libertad condicional. Les aplicaron la perpetua de antes de la reforma de 2004.
Por lo demás, en general son personas que han estado 30 años impunes. No han sido perseguidas antes porque estaban las leyes de obediencia debida y punto final. Entonces ya son muy grandes y pueden tener prisión domiciliaria por la edad o por problemas de salud. Además, tampoco llegan a cumplir 20 años en prisión.
Hoy, materialmente, la perpetua significa 50 años de cárcel. Una persona de 20 años que hoy recibe perpetua pasará presa toda su vida activa.
