El adolescente de 14 años que había confesado el crimen de Joaquín Sperani en la ciudad cordobesa de Laboulaye recuperó la libertad el lunes pasado. La decisión, calificada de “irresponsable” por los abogados de la familia de la víctima, fue tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, pero se forjó en medio de una fuerte polémica.
“Nos tomó por sorpresa porque fue en la víspera de las elecciones, el viernes a última hora”, reconocieron desde el equipo de abogados de Raúl Frencia, defensor de Martín Sperani y de Mariela Flores, padres del adolescente asesinado.
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La decisión también llamó la atención porque el juez de menores que está a cargo de la causa, Sebastián Moro, ya había rechazado un pedido de libertad para el menor que habían hecho tanto el abogado defensor, Raúl Palacios, como la asesora complementaria, Mariana Ferreyra.
Ferreyra, según aseguran desde el entorno de la familia de la víctima, fue fundamental para que el Tribunal Superior de Justicia le diera la libertad al acusado. “El 9 de agosto interpuso un habeas corpus ante el Juzgado Penal Juvenil N°4, pero se lo rechazaron. Ella pide constantemente al juez que el menor sea egresado del complejo por no adaptarse a los estándares internacionales que están fijados en la convención del derecho del niño”, detalló Matilde Tavella, del equipo de abogados de Frencia.
Con el doble rechazo, tanto de Moro como del juzgado paralelo en el que planteó el habeas corpus, Ferreyra elevó el pedido al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. El máximo tribunal de justicia de la provincia aceptó la petición y se emitió la orden para que sea liberado.
“Consideramos que es un peligro, nos parece una decisión muy irresponsable. No se puede decidir en abstracto. Esto marca un antes y después en la historia judicial de la Argentina, y debería ser tratado de esa forma, con mucha responsabilidad. No queremos que haya otro Joaquín”, señaló Tavella.
La decisión impacta en toda la provincia porque el fallo del Tribunal Superior de Justicia ordena a todos los jueces de Córdoba a que adopten la medida. “En materia penal juvenil la regla es la libertad, no importa el delito que haya cometido este menor, si está por debajo de la edad de imputabilidad tiene que ser restituido a los padres”, explicó la abogada.
De esta manera, el juez Sebastián Moro dispuso que el menor regrese a la casa de sus padres, quienes no viven más en la ciudad de Laboulaye. Como medida complementaria a la restitución del chico, también ordenó que los tres realicen tareas vinculadas con la asistencia psicológica.
Qué harán los abogados de los padres de Joaquín Sperani
Desde el equipo de abogados de Frencia explicaron que la medida no solo estuvo amparada en el TSJ de Córdoba, sino que el juez Moro la justificó a raíz de las pericias que sostienen que el asesino de Joaquín “no padece ningún trastorno mental”. En la resolución, el juez también aseguró que “los padres estarían en condiciones de alojarlo”.
Sin embargo, plantean que los resultados de los informes “son incompatibles con la planificación y la ejecución del hecho, y con las conductas posteriores” que tuvo el joven luego de asesinar a su amigo del colegio.
“No solamente lo planificó, no solamente la forma en la que ejecutó el acto, sino las conductas posteriores que tuvo. Los padres carecen de recursos y herramientas para poder contener a ese chico y brindarle la resocialización, que es lo que se pretende”, marcó Tavella.
La abogada adelantó que los informes psicológicos del chico y de sus padres están siendo analizados por especialistas y que pueden ser una de las claves para tomar medidas en el futuro cercano. “Podemos pedir alguna explicación si algo no queda claro”, explicó.
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“El juez nos dio participación como querellantes, pero nuestra participación es muy limitada, podemos presentar pruebas y recursos, pero no podemos decidir sobre la libertad de las personas. Estamos analizando los pasos a seguir”, señaló.
A la vez, reconoció que están trabajando para que salga la “Ley Joaquín”, un proyecto que impulsa la baja de la edad de imputabilidad en los menores. “Sobre todo para delitos graves”, aclararon.
Los contactos con diputados nacionales ya comenzaron y los vínculos más cercanos son con dirigentes de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, quienes se expresaron a favor en este sentido.
