Tras el fallo que condena a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la estatización de YPF, la jueza Loretta Preska aceptó considerar el pedido de la Argentina para evitar embargos sobre bienes del país sin depositar una garantía.
“Estaba previsto que la jueza fallase a favor o en contra de la Argentina por el tema de la garantía. Ambas partes pedían una audiencia. La magistrada la canceló y le otorgó la posibilidad a la Argentina de convencerla mediante tres escritos, dos de Argentina y uno de fuentes externas, sobre las razones por las que el país no debe pagar la garantía”, explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors, a TN.
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Luego de ganar el juicio en el que le reclama al Estado por haber expropiado YPF sin hacer una oferta de compra a los socios minoritarios, el fondo Burford le pidió a la jueza que le permita embargar bienes del país en el exterior hasta tanto no se cancele el monto de la sentencia.
Para evitar los embargos, la Argentina debía depositar una garantía por el equivalente a US$16.000 millones mientras continuaba con las apelaciones. Sin embargo, los abogados del país pidieron una audiencia para evitar depositar esa cifra.
“El país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía y abonar la garantía causaría daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes”, advirtieron.
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Ahora, Preska considerará los argumentos que el país presente por escrito, sin audiencia. La decisión, destacó Maril, no se conocerá antes del 7 de noviembre. En paralelo, se espera que la Corte de Apelaciones de Nueva York se pronuncie sobre las apelaciones cruzadas entre la Argentina, por la sentencia, y Burford, que quiere volver a incluir a YPF como responsable de la expropiación.
Los argumentos de los abogados de la Argentina
A comienzos de octubre, la defensa argentina le había pedido a Preska que eximiera al país del depósito de la garantía por no estar en condiciones de hacer el depósito. Los argumentos de la Argentina, en líneas generales, eran dos: que Burford no respetó el período razonable de 30 días para iniciar la ejecución del fallo y que generaría problemas económicos para el país.
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“El intento de los demandantes de ‘acelerar el inicio’ de los procedimientos de ejecución debe ser rechazado, particularmente a la luz de la moción anticipada de la República Argentina de suspender la ejecución de la enorme sentencia en este caso”, inició el pedido para la jueza.
La Argentina consideró que el pedido de embargos por parte de Burford Capital “desperdiciaría recursos judiciales y de las partes”. Por ello, los representantes legales dijeron que el país “espera suspender la ejecución de la sentencia sin garantía”.
A la vez, señalaron que Burford Capital no identificó ningún bien de la Argentina en los Estados Unidos que pudiera estar sujeto a embargo. “El Tribunal no haría más que poner en marcha procedimientos de cobro prolongados e innecesarios en los Estados Unidos que podrían realizarse a expensas de ‘otros acreedores’”, habían advertido los abogados del país.
