La Fiscalía Federal N°1 de La Plata, la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), pidieron elevar a juicio oral y público a siete integrantes de una organización criminal que operaba en la “zona roja” de La Plata.
Se cree que fueron partícipes de explotación sexual y comercio de estupefacientes, y estarían directamente relacionados con el crimen de Johana Ramallo, de 23 años, quien desapareció en julio de 2017 en la zona donde operaban.
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Luego de siete años de investigaciones truncadas, siete personas fueron acusadas de formar parte de una organización criminal que operó en la “zona roja” de La Plata, durante 2016 y 2017. Aparentemente, se dedicaban a la venta de drogas y a la trata de personas, explotándolas sexualmente, sobre todo a aquellas mujeres que se encontraban en situación de prostitución callejera, como era el caso de Ramallo.
De esta manera, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado Federal N° 1 de La Plata que la hipótesis principal de la causa se centre en investigar el femicidio de la joven en un contexto de criminalidad organizada.
Según lo establecido en la investigación, los sospechosos se presentaban en la zona con la excusa de “cuidarlas”, les cobraban “las paradas” y las vigilaban para tener control sobre ellas. De esta forma las captaban, les retenían dinero de la prostitución y les vendían drogas.
Las fiscales señalaron que de este modo funcionaba un círculo de asociaciones ilícitas: mayor consumo, generación de deudas y profundización de la situación de prostitución para saldar las deudas. A su vez, el sometimiento sexual servía de instrumento para comercializar a través de ellas los estupefacientes con los “clientes/prostituyentes”.
A seis años de su femicidio, hay ocho detenidos, pero todavía no se sabe quién la mató
El 26 de julio de 2017, Johana Ramallo estuvo jugando a las cartas junto con su abuela y su mamá hasta cerca de las 17. La joven de 23 años salió con la promesa de volver a las 21 para cenar sopa de puchero junto con su familia. Sin embargo, nunca regresó y su cuerpo mutilado apareció 21 meses después en las costas de la localidad de Berisso.
Varios testigos y los registros de una cámara de seguridad ubicaron a Johana en la esquina de las calles 1 y 63, junto a una menor de 17 años que trabajaba en la zona roja, y allí se perdió definitivamente el rastro.
Pese a encontrar el cuerpo y constatar que se trataba de Johana, la Justicia avanzó lentamente en el caso y con muchas irregularidades. Las últimas novedades ocurrieron en junio de este año, cuando la Justicia confirmó el procesamiento con prisión preventiva de cuatro personas: Carlos Linares, conocido como “Carlitos” o “El Peruano”; Mirko Galarza; Celia Andreza Benítez, apodada “La misionera” y Paola Erika Garraza, llamada también “Tormenta”.
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Según indicó la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, estas cuatro personas ejercían actividades delictivas en la denominada “zona roja” de La Plata. La explotación sexual y la venta de drogas crearon el escenario ideal para captar a Johana.
Para los pesquisas, “El Peruano” era uno de los dos grandes proveedores de drogas del barrio y le vendía cocaína a mujeres que ejercían la prostitución. También comercializaba con Carlos Omar Rodríguez, apodado “El Cabezón”, un hombre que trabajaba de taxista y mantenía una relación con Johana.
Con estas detenciones, ya son ocho las personas detenidas en la causa: Nicole Guerra Guerrero, Sayuri Valentina León, Andrea Barreto Clavijo, Celia Noemí Giménez.
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En 2022, el juez federal Alejo Ramos Padilla había pedido la detención de “El cabezón” porque consideró que el acusado se aprovechó de la relación que mantenía con la joven y “abusó de su situación de vulnerabilidad”.
Para el juez, Rodríguez “realizó aportes específicos para facilitar el ejercicio de su prostitución en la misma zona roja, al menos desde el mes de marzo de 2017 hasta fines de julio de ese mismo año”.
Con la confirmación de los procesamientos, la causa podría elevarse a juicio oral. Sin embargo, a seis años de la última vez que la vieron y con ocho acusados, aún no se determinó quién fue el autor material del crimen y la familia continúa esperando justicia por Johana.
